Rúbrica
La libertad de expresión no es concesión del poder
Por Aurelio Contreras Moreno
Las celebraciones del “día de la libertad de expresión” cada 7 de junio siempre
han sido una fantochada, una simulación en la que desde su origen, los dueños de
los medios le “agradecían” al presidente —o al gobernador— en turno la “graciosa
concesión” de, irónicamente, ejercer una libertad de expresión de la que, en
realidad, no gozaban.
Por décadas fue ese el espacio para “premiar” al periodismo dócil con el poder, el
que no publicaba sobre la corrupción gubernamental y que se regodeaba en la
cercanía —aunque fuera solo en el lapso que dura comerse unos huevos con
frijoles— con los gobernantes.
Continuar “celebrando” esa fecha no solo es anacrónico. Es burdo. Exaltar la
libertad de expresión mientras se comparte mesa con el actor público que debiese
ser el blanco del escrutinio periodístico a su desempeño y que además, te va a
entregar un “reconocimiento”, es un contrasentido.
Por esa razón, la conmemoración se trasladó al 3 de mayo, Día Mundial de la
Libertad de Prensa proclamado por la ONU en 1993 para promover y proteger el
periodismo independiente y la libertad de expresión. Y los premios de periodismo
con verdadero reconocimiento se entregan únicamente entre pares, a
convocatoria de un Consejo Nacional integrado por periodistas.
Sin embargo, aún existen membretes, como el del llamado Club de Periodistas de
México, que entregan año con año “premios nacionales” que deciden quién sabe
cómo. Y que se ciñen a la vieja lógica de convalidarse con la presencia de un
representante del gobierno en turno.
Todo eso viene a cuento por la escena de este fin de semana en Xalapa,
precisamente durante una “celebración” y entrega de reconocimientos del Club de
Periodistas de México con motivo del 7 de junio. Frente a reporteros, columnistas,
fotógrafos y dueños de medios locales, Jenaro Villamil, titular del Sistema Público
de Radiodifusión de la República Mexicana —que entre otras cosas, ha convertido
a los medios públicos del país en misérrimos replicadores de propaganda oficial y
encabeza, a través de la plataforma Infodemia, las campañas de desacreditación a
los medios y periodistas críticos—, intentó dictar línea a los comunicadores
veracruzanos con un discurso cargado de retórica patriotera.
Su exhorto a que los periodistas se convirtieran en “guardianes de la soberanía”
frente a la supuesta injerencia extranjera en México, y el calificativo de “apátridas”
a quienes critiquen al gobierno al que pertenece, no fue recibido con aplausos,
sino con abucheos y gritos de “¡fuera!”.
El episodio revela la pretensión del régimen de unificar el discurso mediático en
torno de la defensa de la “soberanía nacional” frente a la embestida judicial de
Estados Unidos contra políticos mexicanos vinculados con el narcotráfico. La
narrativa oficial busca transformar un problema de corrupción y crimen organizado
en una suerte de “cruzada patriótica”, donde los periodistas deben alinearse como
“soldados de la patria” en lugar de ejercer su función crítica.
El mensaje de Villamil es una extensión de la narrativa del régimen para convertir
las acusaciones de la justicia estadounidense contra narcopolíticos mexicanos en
un ataque a la soberanía nacional. Se pretende que la opinión pública vea en cada
imputación un acto de intervención extranjera y no el resultado de investigaciones
sobre vínculos criminales que las instituciones mexicanas han sido incapaces —o
renuentes— de procesar.
El discurso de la “defensa de la patria” es realmente una coartada para silenciar
críticas y exigir disciplina mediática, invocando la soberanía para encubrir la
impunidad de políticos que, desde hace años, han convertido al Estado en
cómplice del crimen organizado.
La reacción al discurso de Villamil de algunos de los asistentes —en especial, del
director del portal Libertad Bajo Palabra, Armando Ortiz—fue de rechazo frontal a
la imposición de una agenda política disfrazada de nacionalismo. Sin embargo, la
dirigente eterna del Club de Periodistas de México, Celeste Sáenz de Miera, salió
en defensa de Villamil y del gobierno. Con frases recicladas del expresidente
López Obrador —“aquel que no quiere a la patria, no quiere a su madre”—, Sáenz
evidenció la de por sí conocida subordinación de esa organización decadente y
desprestigiada, que históricamente ha estado del lado del poder sin importar el
partido que gobierne.
La libertad de expresión, antes como ahora, no es una concesión del gobierno,
que no nos hace ningún favor. Es un derecho humano de todos los ciudadanos. Y
la soberanía no se defiende con consignas ni con discursos patrioteros, sino con
instituciones sólidas, justicia independiente y respeto a las libertades.
La pretensión de que los periodistas se conviertan en “defensores de la patria” es,
en realidad, un intento de neutralizar el periodismo crítico, cuya función no es
defender gobiernos ni partidos, sino cuestionarlos, fiscalizarlos y exponer sus
abusos. Convertir a los comunicadores en propagandistas de la soberanía
equivale a despojarlos de su esencia y reducirlos a voceros del poder.
O peor aún, a textoservidores matraqueros y centaveros. Que ¡ah, cómo abundan!
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