Rúbrica
Censura institucionalizada
Por Aurelio Contreras Moreno
El llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a dejar de ver un medio de
comunicación porque no le gusta la línea editorial hacia su administración va más
allá de un simple desplante o un dislate verbal. Forma parte de una estrategia de
hostigamiento hacia el periodismo crítico que se anuncia con total naturalidad. E
impunidad.
La gravedad de este exabrupto de la presidenta -que debiera serlo de todos los
ciudadanos de este país y no solo de sus simpatizantes- no radica únicamente en
la animadversión hacia un medio específico, que en este caso es TV Azteca pero
que pudiese ser cualquier otro, sino en el mensaje que pasó de lo implícito a lo
muy explícito: el poder pretende arrogarse la facultad de decidir qué voces son
legítimas y cuáles deben ser silenciadas.
Personalmente no veo TV Azteca. Desde hace varios años dejaron de atraerme
sus contenidos y no comparto el sesgo con el que en general llevan a cabo la
función informativa, que antes del pleito por el cobro de impuestos era bastante
complaciente con el gobierno morenista. Pero la decisión de consumir otros
materiales comunicacionales la tomé yo, con base en mi criterio, mis intereses y
mi libertad de decidir dónde, cómo y con quién entretenerme e informarme. Muy
diferente es que el gobierno intente tirar “línea” sobre lo que debo o no ver, o
sobre lo que debo o no pensar.
Claudia Sheinbaum ha dado un paso adelante en una predisposición que heredó
de su antecesor: la estigmatización. Porque esto no se reduce a llamar
públicamente a no ver los canales de una empresa televisiva. Están por retomar
una de las prácticas más deleznables del autoritarismo obradorista al reinaugurar
en la conferencia matutina una sección dedicada a denostar periodistas y medios
críticos. Un abierto ataque a la libertad de expresión que se institucionaliza como
política de Estado.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lo señaló con claridad: estas
prácticas afectan directamente la libertad de prensa. La Alianza de Medios MX,
que agrupa a diversos periódicos y portales nacionales, expresó que las libertades
de expresión y de prensa no solo protegen el derecho de los medios a informar,
investigar, cuestionar y opinar, sino que también resguardan el derecho de las
audiencias a decidir libremente cómo, dónde y a través de qué plataformas
informarse. “Por ende, este tipo de señalamientos alimenta un ambiente adverso
para el ejercicio periodístico y preocupa por su cercanía con formas de censura
indirecta”, destacó el organismo.
Artículo 19, la organización internacional dedicada a la defensa de la libertad de
expresión, coincide en que la creación de espacios oficiales para atacar
periodistas constituye una forma de censura indirecta, pues coloca a los
comunicadores en una posición de vulnerabilidad frente a la maquinaria estatal
para intimidarlos, ya que tras ser exhibidos, acto seguido son linchados en redes
por los ejércitos de cibersicarios del régimen.
La sección “resucitada” en la “mañanera” –y con la cual le darán alguna ocupación
a la defenestrada exdirigente nacional de Morena Luisa María Alcalde- no es ni
por asomo un ejercicio de transparencia, como pretende el discurso oficial, sino un
tribunal mediático donde el gobierno dicte sentencia contra quienes lo cuestionan.
Se trata de un mecanismo de control simbólico que recuerda –sin que nadie se
sorprenda a estas alturas- a las viejas prácticas del priismo, cuando la censura se
ejercía mediante la presión económica y la cooptación. La diferencia es que ahora
es con transmisión en vivo y bajo el argumento de “informar al pueblo”.
Todos estos embates representan una especie de intento de “disciplinar” el
consumo informativo desde el origen y hasta el final del proceso, y en el que el
gobierno se coloca como árbitro de lo que debe o no debe ser visto, lo que
constituye una forma de censura de Estado.
Es una lógica peligrosa: si el gobierno define qué medios son “buenos” y cuáles
son “malos”, si dicta cuáles hay que ver y cuáles no, la libertad de expresión y el
derecho a la información se convierten apenas en una graciosa concesión a las
audiencias, con el objetivo de monopolizar y uniformar la narrativa y el diálogo
público.
Al final del día, son síntomas del cada vez más amenazante deterioro democrático
que sufre el país y que tardaremos mucho tiempo en lograr revertir.
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