Rúbrica
El ataúd de la democracia
Por Aurelio Contreras Moreno
Las reformas legales y constitucionales recientemente aprobadas en la Cámara de
Diputados —y que tendrán el mismo derrotero en el Senado— son parte de una
pinza cuidadosamente diseñada para cerrar e incluso clausurar cualquier margen
de acción ciudadana independiente y devolver al régimen la capacidad de
manipular, anular y controlar elecciones a su antojo, como antaño, en las épocas
“doradas” del PRI.
El primer filo de esta pinza es la facultad prácticamente discrecional para anular
elecciones. Bajo el discurso de “combatir la injerencia extranjera” o “garantizar la
limpieza democrática”, se introducen mecanismos que permiten a las autoridades
electorales —ahora colonizadas por consejeros y magistrados afines al
morenato— invalidar procesos completos con criterios vagos y subjetivos. La
consecuencia es devastadora: cualquier resultado incómodo para el régimen
puede borrarse de un plumazo, reconfigurando la lógica del “si no gano, arrebato”
que caracterizó al viejo priismo y que se reinstaló de manera pedestre desde el
arribo del obradorato al poder.
Aunque en el transcurso de este jueves el autor de esta trampa, el diputado
morenista Ricardo Monreal, terminó retirando la enmienda de nulidad electoral por
“injerencia extranjera” para que no fuese enviada al Senado, no lo hizo como un
acto de contrición y mucho menos de convicción democrática, sino por un asunto
más mundano: ya no les da tiempo de aprobar la legislación secundaria, por lo
que, al menos para el proceso electoral de 2027, no se aplicaría tal cual. Aunque
eso tampoco es del todo cierto.
De acuerdo con la abogada Mariana Calderón, integrante del Consejo Nacional de
Litigio Estratégico, no es necesario aprobar la iniciativa de reforma legal, ya que
“nada va a detener al Tribunal Electoral de aplicar la causal directamente. Los
alcances de lo que se entiende por ‘intervención extranjera’ serán definidos por los
magistrados a los que les acaban de permitir poder extender su cargo hasta 17
años (así que todo controlado)”.
Es ese, precisamente, el otro filo de la pinza: el control absoluto del aparato
electoral. El Instituto Nacional Electoral ya había sido capturado mediante el
nombramiento de consejeros burdamente alineados con el oficialismo, que con
sus decisiones recientes solo han confirmado su sumisión.
La operación se completa con la subordinación absoluta del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), convertido en un apéndice del Ejecutivo,
y cuya mansedumbre fue recompensada con la posibilidad de extender su gestión
hasta 2033, más allá del actual sexenio. Obviamente, no es gratis.
No hay que olvidar que la decadencia y entrega del TEPJF comenzó luego de
aquella reunión en lo “oscurito” entre la magistrada Mónica Soto y el diputado
federal plurinominal de Morena Sergio Gutiérrez Luna, tras de lo cual ella y otros
dos magistrados le dieron un golpe y se apoderaron del órgano jurisdiccional,
desde donde, entre muchas otras tropelías, le concedieron a Morena la ilegal
mayoría calificada en la Cámara de Diputados con la que han logrado destruir a
las instituciones de la alternancia democrática del país.
No es difícil de creer que haya sido el mismo Gutiérrez Luna –probablemente uno
de los legisladores más grotescos y corruptos de México, y vaya que hay
competencia- el que introdujo, de última hora, la reserva que permite la reelección
de los magistrados electorales cuyo periodo concluye en 2027, con dedicatoria
especial para Mónica Soto, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata. Este
último, el mismo sinvergüenza que se atrevió a corregirle la plana al eminente
jurista Luigi Ferrajoli, tratándolo con vulgar condescendencia porque según el
displicente juzgador a modo, el italiano “no entiende” las “virtudes” de la reforma
judicial.
El círculo se cierra. Quien controla las reglas, los árbitros y las sanciones,
controlará consecuentemente el resultado. La legitimidad ya no proviene de las
urnas, sino de la voluntad política de quienes controlan el aparato y así, la
democracia se convierte en un patético simulacro.
Estas reformas constituyen la consumación de una regresión antidemocrática que
entierra el periodo de transición iniciado en los años 90, desmantelado en nombre
de una “transformación” que, lo que en realidad significa, es restauración
autoritaria.
Es el último clavo en el ataúd de la democracia.
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X: @yeyocontreras
