Rúbrica
La opacidad como estrategia electoral
Por Aurelio Contreras Moreno
Aunque no generó mayor conversación pública en medio de la histeria mundialista
la semana pasada que ocurrió, la negativa del Órgano de Fiscalización Superior
(Orfis) de Veracruz a firmar el Convenio de Coordinación y Colaboración para la
Fiscalización Superior del Gasto Federalizado con la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) no es un hecho administrativo menor.
Se trata de una decisión que coloca al estado en una zona gris de supervisión,
justo cuando el país se prepara para un proceso electoral intermedio que pondrá a
prueba la capacidad de las instituciones para garantizar un mínimo de
transparencia y rendición de cuentas, en un contexto de captura y control desde el
régimen.
El convenio, promovido desde la Comisión de Vigilancia de la Cámara de
Diputados por su presidente, Javier Herrera Borunda, buscaba articular esfuerzos
entre los órganos locales y la ASF para evitar duplicidades y fortalecer la revisión
del gasto federalizado, al menos en los términos en que fue planteado. Veracruz,
sin embargo, optó por marginarse sin argumentos claros. Y esa omisión no puede
leerse sino como una estrategia deliberada para mantener bajo control político
local el manejo de los recursos públicos.
La fiscalización del gasto federalizado es un asunto delicado en estados como
Veracruz, donde las transferencias de la Federación representan una parte más
que sustantiva del presupuesto, prácticamente el 90 por ciento. Al negarse a firmar
el convenio, se limita la capacidad de la ASF para auditar con mayor profundidad
los recursos que llegan a la entidad, donde hay numerosos ejemplos de mal uso
en diferentes niveles. Y en términos prácticos, esto significa que los desvíos,
irregularidades o subejercicios pueden quedar sin siquiera ser observados, y ya no
digamos recibir una sanción efectiva, lo cual, valga decirlo, tampoco ha ocurrido
de manera generalizada en el pasado.
La consecuencia inmediata es la impunidad. En un estado con antecedentes de
escándalos financieros —desde el desfalco monstruoso en el sexenio de Javier
Duarte, hasta las observaciones recientes de la ASF al manejo de las
participaciones federales por parte del gobierno de Rocío Nahle—, la decisión del
Orfis equivale a blindar políticamente a quienes hoy (mal) administran el dinero
público.
La figura de la auditora general del Orfis, Delia González Cobos, añade un matiz
político inevitable. Su aspiración a convertirse en candidata de Morena a diputada
federal —para lo cual ya también se placea por colonias y en cuanto acto público
tiene a la mano— coloca la decisión de no firmar el convenio en un terreno de
conflicto de interés, pues el órgano técnico que debería garantizar imparcialidad
es, en realidad, una plataforma (a todas luces ilegal) de proyección electoral.
El momento en el calendario tampoco es casual. La negativa ocurre en vísperas
del inicio del proceso electoral intermedio, tanto local como federal. En ese
contexto, la opacidad en el manejo de recursos públicos adquiere un valor
estratégico, ya que abre la puerta al financiamiento de estructuras políticas,
movilizaciones y campañas con dinero público, a la par que la ASF tendrá más
dificultades para documentar las irregularidades.
La participación en esta ecuación del presidente de la Comisión de Vigilancia de la
Cámara de Diputados, Javier Herrera Borunda, abre otra arista política. El hijo del
exgobernador Fidel Herrera Beltrán es, en los hechos, el líder real del Partido
Verde en el estado de Veracruz y busca ser candidato a diputado federal de
mayoría el año entrante, con el objetivo, a su vez, de proyectarse hacia una
eventual candidatura a la gubernatura en 2030.
Así que su papel no es neutral. El Partido Verde es “aliado” de Morena en
Veracruz, pero ha sido sistemáticamente maltratado en los últimos procesos
electorales por el partido hegemónico, lo cual ha provocado malestar entre sus
dirigentes que, a pesar de ello, se han mantenido coaligados al morenato. Política
y legislativamente. Empero, eso no quiere decir que vaya a ser así
indefinidamente.
La negativa a adherirse al convenio promovido por Herrera Borunda también
revela las tensiones internas en la construcción de acuerdos rumbo al proceso
electoral. Así como una mala relación del estado con el nuevo auditor superior,
Aureliano Hernández Palacios Cardel, quien apenas llegó le clavó un pliego de
observaciones a la Secretaría de Finanzas de Rocío Nahle y, al parecer, estaría
por abrir una cloaca en la Fiscalía General del Estado por el último año de
Cuitláhuac García.
En un estado como Veracruz, con altos índices de pobreza y desigualdad, la
opacidad y discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos significa que los
sectores más vulnerables son los primeros en pagar el costo de la impunidad. Y
en ser usados como carne de cañón electoral, con cargo al erario.
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