Rúbrica
El árbitro de la verdad
Por Aurelio Contreras Moreno
El debate sobre la libertad de expresión que se ha abierto luego de que el
gobierno de Claudia Sheinbaum dio a conocer sus Lineamientos Generales para
la Protección de los Derechos de las Audiencias tiene un nodo central, y que no
son propiamente los derechos de las audiencias, sino la pretensión de controlar
desde el Estado, de manera discrecional, lo que se dice, publica y transmite en los
medios de comunicación, en este caso los electrónicos tradicionales, pero que
también alcanzaría, dicho por la propia presidenta, a la prensa escrita y a los
medios digitales.
El régimen de la pretendida “cuarta transformación” ha buscado por todos los
cauces posibles apoderarse de la narrativa pública e imponer una sola visión de la
realidad desde hace casi ocho años. Para ello, construyó un poderoso –el más
avasallante de la historia- aparato de propaganda vía las redes sociales y, sobre
todo, la conferencia “mañanera”, donde el anterior y la actual titular del Ejecutivo
no solo han difundido con enormes alcances sus acciones, planes y posturas, sino
que se han dedicado a ametrallar a sus críticos, mediáticos y políticos, sin
concederles jamás uno de los principales derechos de las audiencias: el de
réplica.
Se trata de monólogos reforzados por impostores y usurpadores de la tarea
periodística, que llevan la voz cantante para plantear lo que muchas veces es
demasiado evidente que alguien más les instruyó preguntar en las “mañaneras”,
en las que tienen un lugar asegurado, y donde solo de vez en cuando se permiten
preguntas y periodistas reales, más para simular alguna clase de pluralidad que
para garantizarla, pues ni López Obrador ni Sheinbaum contestan
cuestionamientos fuertes o incómodos que desbaraten la versión oficial.
Al mismo tiempo, han degradado a los medios públicos hasta convertirlos en
vergonzosos altavoces de la propaganda oficialista, desde donde también se
denuestan periodistas y ciudadanos críticos de manera arbitraria, abusiva… y con
cargo al erario.
A pesar de todo esto, el morenato no controla la narrativa pública. Por más que lo
ha intentado, sus corruptelas, sus relaciones criminales y su incompetencia para
gobernar han sido documentadas en medios y redes, lo que ha dado la pauta para
la expresión de un todavía limitado, sin duda, pero creciente descontento por las
condiciones en las que tiene al país.
Lo anterior, además de su odio enfermizo hacia su antiguo aliado, el dueño de TV
Azteca Ricardo Salinas Pliego –a quien no consideraban un hampón cuando les
regalaba tiempo aire en su televisora para que López Obrador tuviese un espacio
donde pontificar-, los llevó a dar el siguiente paso: buscar sancionar la
“desinformación” y los contenidos que según el régimen sean “falsos” en medios
electrónicos, vía los referidos lineamientos, que le confieren esa tarea a un
organismo del propio gobierno, que será la última instancia para determinar lo que
es “verdadero”.
La Comisión Reguladora de Radio y Televisión —un organismo subordinado al
gobierno federal, que sustituyó al autónomo Instituto Federal de
Telecomunicaciones tras ser destruido por el morenato— será la que interprete los
alcances de conceptos tan amplios como “veracidad”, “distinción entre información
y opinión”, “derechos de las audiencias” o “desinformación”. Es decir, el propio
gobierno asumirá la facultad de convertirse en árbitro de la verdad.
¿Y quién vigilará al vigilante? ¿Quién decidirá cuando sea el propio gobierno el
que mienta, algo que sucede a menudo? Porque esta regulación parte de una
premisa profundamente equivocada: asumir que el Estado es un actor neutral,
objetivo e inmune a la manipulación política. Más de 100 mil mentiras en la
“mañanera” durante el sexenio pasado, los papelones del Sistema Público de
Radiodifusión y su plataforma propagandista Infodemia, o los infames espacios
“Quién es quién en las mentiras” y “Derecho de réplica” son prueba justa de este
punto.
Por supuesto que es indispensable exigir a los medios y los periodistas de todas
las plataformas mayor rigor en sus contenidos, más cuidado en el tratamiento de
la información, la verificación de los datos que van a difundirse y la apertura a la
publicación de la réplica de quien se sienta agraviado o afectado. Ya existen
instrumentos jurídicos para hacer valer todo esto.
De eso, a que un organismo gubernamental decida unilateralmente qué es
verdadero, qué es opinión y qué información, y quién tiene derecho a expresarse y
cómo ejercerlo, hay una diferencia abismal.
La solución a este conflicto la dio, curiosamente, la propia Claudia Sheinbaum
cuando le preguntaron la semana pasada si sometería la “mañanera” a los mismos
parámetros que quiere imponer a los medios, a lo que se negó tajantemente con
un argumento impecable: quien no la quiera ver, “que no la vea”.
Justamente así. Esa es la prerrogativa que las audiencias tienen el poder de hacer
valer si un medio incumple con su función o si sus contenidos simplemente no son
del agrado del público.
Pero el gobierno que se dice “humanista” quiere tratarnos como menores de edad.
O peor, como zombis descerebrados.
El “censo”
Y como no podía faltar el toque ¿veracruzano?, la gobernadora Rocío Nahle ahora
impulsa que la sumisa Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas
realice un “censo” de periodistas en el estado. Algo que, por cierto, contraviene lo
establecido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sostiene que el ejercicio
periodístico no debe estar sujeto a licencias, certificaciones o registros
obligatorios.
¿Será que al final solo serán reconocidos como “periodistas” en Veracruz los
textoservidores y matraqueros que aplauden a su gobierno y compiten por hacerle
ver quién se arrastra más abajo del piso?
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