Rúbrica
Fiscalización de mentiritas
Por Aurelio Contreras Moreno
En general, desde que se institucionalizó hace poco más de dos décadas la
fiscalización de los recursos públicos a través de organismos oficiales
especializados y formalmente “autónomos”, nunca ha funcionado para castigar los
excesos y corruptelas de autoridades y servidores públicos. Si acaso, ha sido un
instrumento de coerción, principalmente contra alcaldes.
Cada año se anuncia cuánto dinero del dispuesto por los diferentes organismos y
dependencias de los tres niveles de gobierno presenta irregularidades, se
distribuyen responsabilidades preliminares y después comienza un largo recorrido
administrativo en el que buena parte de los casos termina diluyéndose.
Las propias cifras oficiales ayudan a dimensionar el problema. El Órgano de
Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) acumulaba este año 361 denuncias por
presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. De estas, apenas
diez habían llegado ante un juez. Otras 72 habían terminado con determinaciones
de no ejercicio de la acción penal. El puro petate del muerto, pues.
Sin embargo, este 2026, en su despedida del cargo tras siete largos e
improductivos años al frente del Orfis, la ahora exauditora Delia González se voló
la barda.
En el informe de la Cuenta Pública 2025, correspondiente al primer año completo
del gobierno de Rocío Nahle García, el Orfis determinó un probable daño
patrimonial global por dos mil 756 millones 231 mil 698 pesos, cifra que parece
enorme… hasta que se revisa en dónde están concentradas las observaciones.
Mientras más de dos mil 700 millones fueron fincados como probable daño
patrimonial a los ayuntamientos veracruzanos, al gobierno estatal solamente se le
determinaron irregularidades por la ridícula suma de ¡cuatro millones 200 mil 401
pesos!, distribuidos en 17 entes de la administración de Rocío Nahle, además de
inconsistencias administrativas en otros 63.
Ninguna secretaría de despacho del Poder Ejecutivo de Veracruz apareció con
presunto daño patrimonial. O lo que es lo mismo, mientras los ayuntamientos
quedaron bajo una montaña de observaciones, el aparato central del gobierno de
Veracruz prácticamente salió “impoluto”, sin que se le tocase ni con el pétalo de un
coscorrón administrativo por el mal manejo del dinero. Inverosímil, absurdo y
pestilente a corrupción.
Delia González Cobos incluso “explicó” el resultado como “evidencia” de que
existía “un buen manejo de las finanzas”. Pero en dependencias como la
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, por ejemplo, se detectaron
subejercicios, deficiencias físicas, plazos vencidos y problemas en proyectos. Pero
ninguna de las irregularidades reportadas fue determinada como daño patrimonial.
Estos resultados parecen más bien la última carta que jugó González Cobos,
luego de meses haciendo campaña con recursos públicos, para ganar el favor de
Rocío Nahle y que la haga candidata de Morena a una diputación. Sin escrúpulos
ni vergüenza.
Y si alguien esperaba que el relevo en el Orfis sirviera para recuperar credibilidad,
los acontecimientos apuntan en sentido contrario.
El Congreso de Veracruz eligió el viernes pasado a Eric Domínguez Vázquez
como auditor general del Orfis para los próximos siete años. Empero, el nuevo
fiscalizador no llegó desde una institución académica, desde un despacho
independiente de auditoría ni desde fuera de la estructura gubernamental. Hasta
prácticamente el momento mismo de su designación, cobraba como subsecretario
de Administración y Finanzas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del
mismísimo gobierno de Rocío Nahle.
Así que de administrar el dinero público dentro del gobierno estatal, pasó
directamente, sin escalas, a encabezar el organismo encargado de fiscalizarlo. No
hace falta demasiada imaginación ni perspicacia para advertir el problema
institucional y, sobre todo, el conflicto de interés que eso representa.
Pero por si no bastase, antes de llegar a Sefiplan, Eric Domínguez fue presidente
municipal de Papantla. Y su administración estuvo sujeta a varias observaciones.
Incluso se documentaron señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) respecto del ejercicio 2024 por alrededor de 56.9 millones de pesos.
Ése es el perfil del nuevo responsable de pedirle cuentas al gobierno estatal, a los
otros dos poderes del estado y a los 212 ayuntamientos.
En paralelo, hay un contraste que puede resultar más incómodo para el gobierno
de Rocío Nahle, ya que desde la Federación comenzaron a llegar señales
diferentes.
Este lunes 28, la gobernadora reveló que la ASF solicitó al Gobierno de Veracruz
las listas de asistencia de todos los maestros de la entidad para revisar posibles
irregularidades en la nómina educativa, entre ellas casos de docentes con doble
plaza y, según relató la propia mandataria, registros de personas fallecidas que
continuarían apareciendo en nómina. En realidad, nada fuera de lo común.
Incluso, algo muy atendible.
Lo insólito es que Nahle reaccionó calificando el requerimiento de “absurdo” y “una
locura”. Incluso afirmó que el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios, pese
a ser originario de Xalapa, “no conoce Veracruz”. Cosa que suena a una macabra
ironía.
Lo que es un hecho es que lo que les gusta, lo suyo, es la fiscalización de
mentiritas. Porque de rendir cuentas, ni hablar.
Email: aureliocontreras@gmail.com
X: @yeyocontreras
