Rúbrica
¿Con quién se queda el INE?
Por Aurelio Contreras Moreno
La destrucción de las instituciones democráticas en México llegó a su punto
culminante con el golpe mortal asestado al Instituto Nacional Electoral.
El obradorato se propuso desde su ascenso al poder desmantelar todo indicio de
contrapeso democrático y siempre tuvo en la mira al INE, al que decidió invadir y
someter desde dentro para hacerlo implosionar. El escándalo que terminó por
sacar de la presidencia del organismo a Guadalupe Taddei Zavala no es sino otro
de los clavos que están terminando de cerrar su ataúd.
Lo que ha quedado al descubierto no es solamente una trama de contratos
millonarios, relaciones personales comprometedoras y presuntos conflictos de
interés y tráfico de influencias. Es la podredumbre de una institución que fue
colonizada por el régimen hasta convertirla en una caricatura de aquel organismo
autónomo que alguna vez representó la posibilidad de elecciones auténticamente
libres y competidas en México.
Taddei no llegó por casualidad a la presidencia del INE. Su designación en 2023,
durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fue resultado de un proceso
político que favoreció a un perfil más que cercano al oficialismo, en un contexto en
el que Morena ya había convertido el debilitamiento de los contrapesos
institucionales en una prioridad.
Su llegada significó desde el principio un paso más en la captura de una institución
que había sido uno de los principales obstáculos para las pretensiones
hegemónicas del obradorismo. Desde entonces, las tensiones internas, las
decisiones unilaterales, los nombramientos cuestionados, las disputas con otros
consejeros y una actitud cada vez más complaciente y cínica frente a las
estrategias electorales del partido gobernante fueron minando la credibilidad de un
organismo que, paradójicamente, tenía como principal patrimonio la confianza
ciudadana.
El INE fue dejando de comportarse como árbitro para convertirse en espectador
de las violaciones a las reglas del juego democrático, o peor aún, en validador de
decisiones inconstitucionales que demolieron el equilibrio y la división de poderes
para otorgarle todo el poder al nuevo partido oficial.
Ahí están la ilegal mayoría absoluta que junto con el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación le regaló a Morena y aliados en la Cámara de Diputados;
las campañas adelantadas disfrazadas de procesos internos con sus dizque
coordinaciones de defensa de la transformación; la descarada promoción
personalizada de aspirantes a candidaturas; el uso político de estructuras
gubernamentales y la simulación con la que Morena ha conseguido anticipar sus
procesos internos sin enfrentar consecuencias proporcionales a la gravedad de
sus conductas.
A estas alturas, la credibilidad del INE está destruida. No solo por la vulgaridad de
la corrupción de Guadalupe Taddei. También por la responsabilidad, activa o
pasiva, de un Consejo General que permitió que la institución llegara a este
extremo. Por las complicidades y la incapacidad de preservar la independencia del
organismo frente a las presiones del poder. El deterioro institucional es colectivo y
la confianza pública no puede reconstruirse mediante un simple cambio en la
presidencia.
En otro tipo de país, una crisis de semejante magnitud tendría que provocar la
salida de todos los integrantes del Consejo General y la integración de un nuevo
órgano de dirección, con perfiles verdaderamente independientes, mediante un
procedimiento transparente y ajeno a las cuotas partidistas. Pero eso no sucederá.
Quienes toman esas decisiones no tienen interés en reconstruir un árbitro
independiente, sino en conservar su influencia sobre el mismo. Y el INE, tal como
ha quedado configurado, resulta funcional para un régimen que necesita conservar
la apariencia de competencia democrática mientras concentra cada vez más
armas de control.
Todo esto ocurre mientras una parte considerable de la sociedad parece haberse
acostumbrado a la demolición institucional. Se ha normalizado que los órganos
autónomos sean desmantelados, que los contrapesos sean desaparecidos, que
las reglas electorales se tuerzan mediante simulaciones y que los funcionarios
encargados de hacerlas cumplir se hagan de la vista gorda. Incluso, a nadie
escandaliza ya que los casos de rampante corrupción solamente tengan
consecuencias –y eso, mínimas- cuando resultan útiles para las luchas intestinas
del poder.
Costó décadas de lucha social y centenares de vidas humanas construir un árbitro
que no dependiera directamente de los intereses del partido gobernante y
organizara elecciones creíbles, parejas y con parámetros mínimos de democracia.
En menos de una década, el obradorato lo ha pulverizado.
Los clavos del ataúd del INE ya están puestos. Estamos ante el punto final de todo
el periodo de transición democrática iniciado en México desde finales de los años
80 y los 90 del siglo XX y el regreso a un sistema donde el poder pretende volver a
decidir unilateralmente quién puede competir, bajo qué condiciones y con qué
posibilidades de ganar. Un retroceso histórico que, por la magnitud de lo que se
perdería y las dificultades para reconstruirlo, será irreparable, en el corto y
mediano plazo, para el país.
Sería una ingenuidad interpretar la caída de Taddei como resultado de un súbito
interés del régimen por combatir la corrupción, exhibida, por cierto, por los medios
de comunicación. Su salida debe leerse en el contexto de una lucha de poder
dentro del propio régimen, donde las distintas facciones del morenato se disputan
posiciones estratégicas de cara a 2027.
Así que no se trata en realidad de limpiar al INE, sino de decidir quién se queda
con él.
Email: aureliocontreras@gmail.com
X: @yeyocontreras
