Rúbrica
La vocación censora
Por Aurelio Contreras Moreno
La censura que avanza en México no necesita presentarse con la forma de una
prohibición expresa, de un medio clausurado o de un periodista encarcelado.
Ahora puede disfrazarse de protección de derechos, de regulación administrativa,
de combate a la violencia política o de defensa de la propiedad intelectual.
El resultado que se persigue es el mismo: inhibir la crítica, intimidar a quienes
ejercen el periodismo y conseguir que los ciudadanos se lo piensen dos veces
antes de cuestionar a quienes tienen el poder.
Lo preocupante, junto con la proliferación de iniciativas legales que abren espacios
para restringir la libertad de expresión, es la creciente naturalidad con la que
políticos, legisladores y autoridades recurren a los instrumentos del Estado para
intentar poner límites al escrutinio público y a la crítica, periodística o social, como
si ocupar un cargo de elección popular les otorgara el derecho de decidir qué
puede decirse sobre ellos.
En agosto pasado, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones publicó los
nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las
Audiencias, pese a las objeciones expresadas desde el sector de la radiodifusión,
entre profesionales de la comunicación y las organizaciones de la sociedad civil.
La autoridad sostiene que las disposiciones no interfieren con la independencia
editorial y que únicamente establecen procedimientos para atender las quejas de
las audiencias. Sin embargo, las inquietudes sobre sus posibles efectos
inhibitorios no fueron disipadas, pues la única “garantía” es la mera promesa oficial
de que no habrá censura. Y ya comienza a percibirse un modus operandi:
“audiencias” muy “molestas” –particularmente con contenidos críticos hacia el
gobierno- reclamando a los medios para intentar eliminar el material y/o sancionar
a sus creadores.
A ello se sumaron los lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la
cobertura informativa de las elecciones de 2027, cuyo alcance provocó otra
controversia. El INE pretendió incorporar a su metodología de monitoreo una
variable que permitía evaluar expresiones de sarcasmo, ironía y otros elementos
por demás subjetivos en los contenidos periodísticos. El Tribunal Electoral federal
terminó por invalidarla al considerar que podía inhibir el ejercicio periodístico y
afectar el derecho ciudadano a recibir información plural. Es decir, hubo que
recurrir a una instancia jurisdiccional para impedir que la autoridad electoral se
arrogara la facultad de evaluar recursos expresivos que forman parte del lenguaje
habitual de la crítica política.
¿Desde cuándo el Estado debe determinar si un periodista utiliza demasiado
sarcasmo para referirse a un gobernante? La respuesta es que no debería hacerlo
nunca. Pero la tentación aparece cada vez con mayor frecuencia.
Un caso reciente y muy ilustrativo es el de la diputada morenista de Jalisco, Itzul
Barrera –por cierto y para mayor escarnio, hija de un periodista-, quien denunció
por violencia política en razón de género al caricaturista Paco Navarrete por una
sátira publicada en un diario. El asunto terminó con una sentencia que obliga al
cartonista a disculparse públicamente mediante un video, “reconocer” –a fuerza-
diversas modalidades de violencia y mantener este contenido durante 15 días en
sus redes sociales.
Navarrete sostiene que su trabajo fue una crítica política y rechaza que tuviera una
intención discriminatoria. La resolución judicial, en cambio, consideró que existió
violencia simbólica y de género, banalizando esta figura legal creada para proteger
a las mujeres que de verdad son víctimas.
En Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle ha incorporado a su discurso una
práctica igualmente alarmante: responder a señalamientos periodísticos con
advertencias sobre posibles demandas. Este lunes, luego de que el periodista
Jorge Fernández Menéndez publicara un señalamiento que relaciona a su esposo,
José Luis Peña Peña, con Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, presunto
operador del crimen organizado detenido por fuerzas federales, Nahle reaccionó
en sus redes sociales acusando al comunicador de mentir y “calumniar” a su
familia.
Durante su conferencia de prensa incluso dejó abierta la posibilidad de proceder
legalmente contra el periodista, experto en temas de crimen organizado, y lanzó
una advertencia que en realidad no es solo para él, sino para cualquiera que
señale los errores de su actuación pública: “hay límites”.
La gobernadora está en todo su derecho de rechazar acusaciones que considere
falsas, exigir pruebas y ejercer su derecho de réplica. Más aún cuando se trata de
imputaciones graves que deben estar sustentadas. Otra cosa, sin embargo, es
utilizar la posición institucional y el poder para enviar mensajes intimidatorios hacia
quienes investigan asuntos de interés público.
Los límites de la libertad de expresión existen, por supuesto. Pero no los
determina el disgusto de un gobernante ni su capacidad para movilizar recursos
legales –y mediáticos, vía sus textoservidores- contra sus críticos, usando para
ello dinero público. Los límites los establecen la Constitución, los derechos
humanos de los ciudadanos y los estándares de protección que, en una sociedad
democrática, exigen una tolerancia especialmente amplia a la crítica cuando se
trata de servidores públicos.
Mientras estos episodios se multiplican, en el Congreso de la Unión avanzan las
modificaciones legales que han recibido el nombre de “leyes antimemes”. Una de
ellas, aprobada en el Senado, plantea sanciones por el uso indebido de la
identidad gráfica institucional con fines de “engaño” y para cometer ilícitos. Otra
iniciativa, aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 7 de octubre, modifica
la legislación sobre derechos de autor para obligar a plataformas digitales a retirar
o inhabilitar contenidos que infrinjan supuestos derechos de propiedad intelectual.
El oficialismo sostiene que no pretende castigar la sátira ni la crítica política.
Empero, las sanciones económicas previstas para los proveedores de servicios
han generado advertencias sobre el incentivo para retirar contenidos ante una
reclamación, incluso antes de que se resuelva cualquier controversia de fondo. Así
que realmente no hace falta que una ley diga expresamente que se prohíben los
memes contra los políticos para que termine utilizándose con fines restrictivos de
los mismos. Basta con establecer conceptos ambiguos, procedimientos expeditos
de eliminación de contenidos y sanciones suficientemente elevadas para que las
plataformas prefieran borrar una publicación antes que enfrentar un conflicto legal.
El mayor peligro no es que mañana se publique un decreto prohibiendo criticar al
gobierno, sino que periodistas, caricaturistas y ciudadanos comiencen a
autocensurarse.
Esa es la intención.
Email: aureliocontreras@gmail.com
X: @yeyocontreras
