El ex comandante de la extinta Policía Judicial de Puebla, Alejandro Rocha Laureano, implicado en la detención arbitraria y tortura de la periodista Lydia Cacho Ribeiro en 2005, quedó en libertad tras recibir una sentencia de cinco años y seis meses de prisión por parte de una autoridad judicial en Quintana Roo.
Debido a que el exmando policial permaneció recluido casi ocho años, desde su detención en diciembre de 2018, la autoridad judicial determinó que había cumplido en exceso la pena impuesta y ordenó su inmediata excarcelación del penal de Cancún.
La información fue dada a conocer por el periodista Edmundo Velázquez, quien señaló que la defensa de Rocha Laureano anunció que no emprenderá acciones legales contra Cacho Ribeiro, pese a que su representado permaneció en prisión preventiva durante un periodo superior al de la condena dictada.
El excomandante fue detenido en diciembre de 2018 en la ciudad de Puebla por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cuando todavía se desempeñaba como agente de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Las investigaciones federales señalaron a Rocha Laureano como responsable de coordinar parte del operativo y ordenar a agentes bajo su mando sustituir a los elementos que trasladaban a Cacho Ribeiro después de su detención en Cancún.
Mario Marín continúa bajo proceso judicial
A diferencia de Rocha Laureano, otros implicados en el operativo continúan sujetos a procesos judiciales, entre ellos el exgobernador de Puebla Mario Marín Torres, quien permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México.
Aunque obtuvo resoluciones para modificar su medida cautelar a prisión domiciliaria por motivos de edad y salud, los recursos de revisión promovidos por la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa de Lydia Cacho han mantenido al exmandatario privado de la libertad, en espera de una sentencia definitiva.
Caso Lydia Cacho y denuncias de impunidad
El proceso penal deriva de los hechos ocurridos el 16 de diciembre de 2005, cuando la periodista fue detenida en Cancún, Quintana Roo, después de la publicación de su libro Los demonios del Edén, investigación en la que documentó una red de pederastia, pornografía y explotación sexual infantil vinculada con el empresario Jean Succar Kuri, así como presuntos vínculos de protección por parte del empresario textil Kamel Nacif Borge.
Nacif presentó una denuncia contra la periodista por difamación y calumnia en Puebla, lo que dio lugar a su detención y traslado terrestre durante más de 20 horas. En ese trayecto, Cacho denunció haber sufrido amenazas de muerte, incomunicación, acoso sexual y tortura física y psicológica por parte de agentes policiales.
El caso provocó un escándalo nacional e internacional tras la difusión de conversaciones telefónicas entre Kamel Nacif y el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, conocido como el góber precioso, en las que se hacía referencia al encarcelamiento y castigo contra la periodista.
En 2018, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que el Estado mexicano había violado los derechos humanos de Lydia Cacho y exigió medidas de reparación y sanción a los responsables.
Posteriormente, el Gobierno de México ofreció una disculpa pública a la periodista, quien también ha enfrentado amenazas que la llevaron a salir del país por razones de seguridad.
La Jornada
