La consejera electoral señaló que deben investigarse las presuntas irregularidades en la asignación de contratos y pidió al Congreso revertir la reforma que concentró facultades en la presidencia del organismo.
La consejera electoral Carla Humphrey advirtió que deben realizarse investigaciones internas y externas, incluso auditorías, para esclarecer las presuntas irregularidades en la asignación de contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) y determinar posibles responsabilidades y sanciones para su presidenta, Guadalupe Taddei, y las personas involucradas.
Humphrey calificó como grave que el organismo electoral enfrente cuestionamientos de esta naturaleza y sostuvo que el Consejo General debe garantizar la transparencia, abrir la información y rendir cuentas a la ciudadanía hasta esclarecer los hechos.
“Se debe investigar a Guadalupe Taddei y a toda la institución”, afirmó, al insistir en que las indagatorias deben determinar responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.
La consejera planteó que, además de las revisiones internas, podría solicitarse una auditoría externa a otra institución para conocer el alcance de las presuntas anomalías.
Acusa concentración de poder en la presidencia del INE
Humphrey atribuyó la falta de supervisión colegiada a la reforma que otorgó mayores facultades a la presidencia del INE, particularmente para designar y remover titulares de áreas técnicas sin el consenso del resto de las consejerías.
Explicó que el Consejo General deberá analizar qué medidas puede adoptar ante las irregularidades señaladas, así como las posibilidades legales de solicitar la separación de sus cargos de funcionarios designados por Taddei, algunos de ellos mencionados en videos de fiestas con un proveedor.
La consejera sostuvo que la concentración de facultades debilitó la colegialidad y la corresponsabilidad dentro del organismo, pues, según dijo, en alrededor del 90 por ciento de los nombramientos las demás consejerías desconocían quiénes eran las personas designadas, sus trayectorias profesionales y su experiencia.
“Este tema tiene que ver con este superpoder que rompe la colegialidad y la corresponsabilidad”, señaló.
Recordó que ella y otros consejeros, entre ellos Arturo Castillo, Martín Faz y Rita Bell López, impugnaron las facultades otorgadas a la presidencia, cuestionaron nombramientos de personas que, a su juicio, no cumplían los requisitos legales y alertaron sobre retrasos en procesos de licitación.
Pide al Congreso revertir la reforma
Ante este escenario, Humphrey hizo un llamado a la Cámara de Diputados y al Congreso de la Unión para revisar y revertir la reforma, con el objetivo de restablecer la toma de decisiones colegiada y permitir que el conjunto del Consejo General participe en la supervisión de las áreas del Instituto.
La consejera sostuvo que, aunque la legislación vigente otorga a la presidencia la facultad de realizar determinados nombramientos, las designaciones deberían compartirse con el resto de las consejerías para conocer los perfiles y evaluar sus antecedentes.
Humphrey recordó que los cuestionamientos se remontan al proceso electoral judicial, cuando, según expuso, hubo retrasos en la entrega de materiales y modificaciones en la licitación para producir la credencial para votar.
También mencionó que votó en contra del presupuesto del Instituto y advirtió sobre la necesidad de privilegiar los concursos abiertos frente a las adjudicaciones directas.
“Tenemos que tener más licitaciones y menos adjudicaciones directas”, sostuvo.
La consejera adelantó que, en la reunión privada entre las consejerías en funciones, se analizará quién asumirá la presidencia provisional, así como las acciones para atender las presuntas irregularidades y las medidas que podrían adoptarse respecto de los funcionarios involucrados.
El objetivo, insistió, debe ser esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y garantizar que el INE proporcione información suficiente sobre el manejo de sus recursos y sus procesos de contratación.
