Recursos relacionados con la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) habrían sido triangulados mediante una fundación, dos empresas inmobiliarias y una agencia de publicidad antes de llegar a profesores y trabajadores, operación que involucra aproximadamente 280 millones de pesos, informó el secretario de Finanzas y Planeación de Veracruz, Miguel Santiago Reyes Hernández.
El funcionario explicó que los recursos eran administrados por la Fundación para la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente (EDAL), A.C., desde donde presuntamente iniciaba una cadena de transferencias.
Así habría operado la triangulación
Según la información presentada por Sefiplan, el dinero no era entregado directamente a los docentes que prestaban servicios para la UPAV.
Primero, los recursos eran enviados a una empresa inmobiliaria; posteriormente pasaban a una segunda inmobiliaria y finalmente llegaban a una agencia de publicidad, desde donde se realizaban los pagos a profesores y trabajadores.
Uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades es que las transferencias no aparecían registradas como pagos por servicios educativos. Los movimientos se manejaban bajo conceptos como honorarios o servicios de publicidad.
Sefiplan señaló que este esquema habría permitido que profesores prestaran sus servicios para la UPAV sin mantener una relación laboral directa con la institución.
Esto, explicó Reyes Hernández, habría impedido el reconocimiento de derechos laborales como antigüedad y otras obligaciones derivadas de una relación de trabajo.
Gobierno de Veracruz presenta denuncias
Ante estos hechos, el Gobierno de Veracruz presentó dos denuncias, una ante la Fiscalía General de la República (FGR) y otra ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Las querellas fueron interpuestas contra quien resulte responsable, debido a posibles operaciones relacionadas con los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Las denuncias fueron presentadas semanas atrás y ahora corresponderá a las autoridades ministeriales determinar quiénes participaron en las transferencias, así como establecer el origen, recorrido y destino final de los recursos.
El secretario de Finanzas evitó proporcionar nombres de personas o empresas involucradas y subrayó que serán las investigaciones de las fiscalías las que determinen el alcance de las operaciones y, en su caso, las responsabilidades penales.
También aclaró que no se ha establecido que la totalidad de los 280 millones de pesos corresponda a recursos ilícitos, por lo que será la investigación ministerial la que determine la naturaleza de las operaciones.
Con información de AVC
