A un año del incendio en la tienda Waldo’s de Hermosillo, que dejó 24 víctimas mortales y personas lesionadas, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció la publicación de una reforma constitucional que reconoce la protección civil como un derecho humano y establece la creación de un organismo autónomo especializado en la gestión integral de riesgos.
La reforma, publicada en el Boletín Oficial del Estado y aprobada por unanimidad en el Congreso de Sonora, busca modificar el modelo de protección civil para que deje de concentrarse principalmente en la atención de emergencias y avance hacia la prevención, la identificación de riesgos y la reducción de vulnerabilidades.
En el aniversario de la tragedia, Durazo Montaño refrendó el acompañamiento de su administración a las familias de las víctimas y a las personas que resultaron lesionadas, así como el compromiso de avanzar en la reparación integral de los daños y fortalecer las medidas para evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir.
Aseguró que continuará la atención médica, psicológica y jurídica a las personas afectadas, además del seguimiento a los procesos de reparación integral que correspondan.
Dicha reforma constitucional contempla la creación de un instituto autónomo que tendrá facultades para diseñar políticas públicas de prevención y gestión integral de riesgos. Su titular será elegido mediante una convocatoria abierta a la ciudadanía, la evaluación de un comité técnico especializado y la ratificación de dos terceras partes del Congreso del Estado.
El nuevo organismo contará además con un consejo ciudadano y un consejo técnico asesor integrado por especialistas, con el propósito de incorporar la participación social y el conocimiento técnico en las decisiones relacionadas con la protección de la población.
Durazo Montaño informó que continuará el trabajo con organizaciones de la sociedad civil y especialistas para elaborar la nueva Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, además de fortalecer la asignación presupuestal de las instituciones encargadas de esta materia en Sonora.
“A las familias de las víctimas les decimos con toda firmeza: no están solas. Seguiremos acompañándoles, porque la memoria de quienes ya no están nos obliga y la confianza de quienes siguen esperando nos compromete. Y ante ambas, el Estado no tiene derecho a fallar”, expresó.
La Jornada
