Una jueza de control vinculó a proceso por homicidio calificado a Ricardo Alejandro “N”, señalado por la Fiscalía General del Estado (FGE), como probable responsable material del asesinato del regidor de Morena y luchador social, Gabriel Rivas Ríos, cometido el pasado 4 de noviembre en Cuernavaca, Morelos.
Durante la audiencia realizada esta mañana en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en Xochitepec, la jueza determinó mantener al imputado en prisión preventiva y concedió cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
De acuerdo con las indagatorias, Rivas Ríos fue asesinado a balazos cuando viajaba en su vehículo por calles de la colonia Ejidos de Acapantzingo.
La Fiscalía Regional obtuvo una orden de aprehensión contra Ricardo Alejandro “N”, quien fue detenido el miércoles 11 de noviembre, al salir del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos, en Atlacholoaya, por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.
Activista incómodo para autoridades
Gabriel Rivas Ríos encabezó diversas luchas sociales y denunció la inseguridad, la operación de bares y negocios clandestinos de venta de alcohol, así como la presunta protección que, según acusó, brindaban autoridades municipales a esos establecimientos y a grupos criminales que operan en Cuernavaca.
Incluso, alrededor de un año y medio antes de su asesinato, denunció haber recibido amenazas telefónicas de presuntos integrantes del crimen organizado.
También encabezó la defensa de La Cazahuatera, un predio de casi cinco hectáreas de selva baja caducifolia, ubicado al oriente de Cuernavaca, donde la empresa Portenta Hábitat pretendía construir seis torres residenciales de hasta 15 niveles.
Fundó la asociación civil Gustavo Salgado Delgado, en memoria del activista asesinado en Ayala en febrero de 2015, durante el gobierno del perredista, Graco Ramírez.
Durante la actual administración de la morenista, Margarita González Saravia, cuestionó el nombramiento de personas presuntamente relacionadas política o familiarmente con los responsables de homicidios. En febrero de 2025 exigió la renuncia de Adelaida Marcelino, entonces titular del Instituto de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Morelos, por sus presuntos vínculos familiares con los autores materiales de un asesinato.
Además, encabezó protestas contra el aumento de la tarifa del transporte público de 10 a 13 pesos y durante años exigió reducciones en los cobros de agua potable, electricidad y predial.
La Jornada
