La Universidad Popular Autónoma de Veracruz enfrenta una investigación presuntamente por lavado de dinero, luego de que las autoridades financieras y de procuración de Justicia en la entidad señalaron la existencia de presuntas redes que aprovecharon esquemas y desviaron recursos dentro de la institución, que no sólo alcanzan a administraciones priistas o panistas.
La crisis estalló después de que el secretario de Finanzas del estado, Miguel Reyes, acusó públicamente a exdirectivos y operadores administrativos de haber montado “mafias internas” que utilizaban asociaciones civiles y fundaciones vinculadas a la universidad para triangular recursos, ocultar su origen y manejar fondos sin trazabilidad.
De acuerdo con el funcionario, una de estas organizaciones llegó a concentrar más de 280 millones de pesos sin justificar su destino, mientras que auditorías del Órgano de Fiscalización Superior documentaron un daño patrimonial superior a 240 millones durante administraciones anteriores.
“En la UPAV operaban mafias internas que lavaban dinero y desviaban recursos a través de asociaciones civiles y fundaciones creadas para ocultar el origen y el destino del dinero. No eran grupos académicos inconformes: eran estructuras financieras que movían millones sin trazabilidad”, dijo Reyes.
La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación FGE/FECCEV/456/2020 derivada de múltiples irregularidades financieras, adeudos con personal académico y la desaparición de más de 500 bienes muebles.
Como parte del proceso, tres exfuncionarios —el exrector Sergio “N”, el exdirector administrativo Víctor de Jesús “N” y la exjefa de Servicios Financieros Frida Narayana “N”— fueron detenidos e imputados por peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias, ejercicio indebido del servicio público e incumplimiento de un deber legal.
En marzo, agentes ministeriales ejecutaron cateos simultáneos en tres domicilios de Xalapa, donde aseguraron documentos, chequeras, estados de cuenta y equipos de cómputo que, según la Fiscalía, fortalecen la hipótesis de una operación sistemática de desvío de recursos.
Las autoridades también investigan convenios firmados por la UPAV con asociaciones civiles como Educación es Primero AEP, A.C., y la Fundación EDAL, que absorbieron adeudos millonarios y presuntamente funcionaron como vehículos para ocultar movimientos financieros irregulares.
Ante el colapso administrativo y el deterioro institucional, el Gobierno estatal y el Congreso local aprobaron la transformación de la UPAV en organismo público descentralizado, con el objetivo de recuperar control sobre sus finanzas, profesionalizar su operación y evitar que estructuras externas vuelvan a manejar recursos públicos sin supervisión.
El caso se ha convertido en un punto de tensión política en Veracruz, donde la Fiscalía anticipa que más personas podrían ser llamadas a proceso conforme avance la investigación.
Para miles de estudiantes y docentes, el futuro de la universidad depende ahora de la capacidad del Estado para reconstruir su estructura financiera y garantizar que los recursos destinados a educación no vuelvan a ser utilizados para fines ajenos a su misión académica.
Excélsior
