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El gobierno federal presentó el proyecto de decreto mediante el cual se busca garantizar entornos digitales seguros para la niñez y los adolescentes mediante el cual las plataformas digitales estarán obligadas a bajar aquellos contenidos que inciten a la violencia con discursos de odios y extremismo violento; abuso, explotación o violencia sexual; suicidio, autolesiones deliberadas y trastornos alimenticios, entre otros aspectos.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que las plataformas estarán obligados a bajar estos contenidos y reportar ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, cuando identifiquen este tipo de contenidos violentos. Sin embargo, puntualizó que por ahora no se pretende incorporar sanciones a las empresas que incumplan con estas obligaciones porque nadie puede estar en contra de que no se difundan abusos sexuales o contenidos violentos.
Sheinbaum mencionó que este decreto se publicará la próxima semana para dar algunos días para conversar con los representantes de las empresas para dialogar sobre los alcances de este decreto. Empero, enfatizó en que este es un decreto obligatorio porque no podemos permitir que las plataformas no sean espacios seguros para niños y adolescentes.
Sin embargo, la mandataria consideró que es muy importante que este decreto entre a la brevedad posible, puntualizando que fue un compromiso que hizo con la sociedad tras el ataque registrado en una escuela de Coahuila.
Señaló que ha habido reuniones con expertos y miembros del gabinete de seguridad así como autoridades de la Secretaría de Educación Pública y de Salud para afinar este decreto.
Al respecto, el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, dijo que las plataformas ya tienen en vigor muchos mecanismos de seguridad para retirar contenidos violentos o de abuso sexual. Se trata de afinar este tipo de políticas y agilizar el reporte hacia las autoridades de seguridad.
La mandataria explicó que el decreto se publicaría entre martes y miércoles y se integrará un grupo de trabajo para analizar si se requiere ir más allá y elaborar reformas legales.
La Jornada
