La Suprema Corte de Justicia de la Nación busca frenar, mediante una herramienta digital, un problema de años: la repetición de cobros municipales desproporcionados por copias certificadas, alumbrado público y licencias de construcción, que generan cientos de expedientes pese a que el tribunal ya ha invalidado tarifas similares.
Uno de estos casos ocurrió en San Pablo Macuiltianguis, Oaxaca, que cobrara una tarifa de 120 pesos por la expedición de una copia de documento de los archivos municipales, cuando el costo del servicio se estimó en apenas 76 centavos, casi 158 veces menos. La Corte invalidó ese cobro al resolver la acción de inconstitucionalidad 31/2026.
La revisión de estos asuntos, conocidos como de “vigencia anual”, llega a ocupar sesiones completas de la Corte, como ocurrió el pasado jueves, cuando el pleno resolvió más de 30 casos relacionados con leyes de ingresos municipales. Ante esta carga de trabajo, el máximo tribunal acordó el pasado 28 de septiembre abordar los expedientes de manera conjunta para agilizar su votación.
“Son asuntos de vigencia anual, leyes de ingresos de diversos municipios de distintas entidades federativas en donde año con año repiten el mismo vicio de inconstitucionalidad, llegan aquí a la Corte, se declaran inconstitucionales y al año siguiente se presentan prácticamente en los mismos términos”, dijo el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.
Según datos de la Corte, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 se resolvieron 118 asuntos de este tipo. Las entidades con más casos fueron Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Durango y Tlaxcala, principalmente por cobros relacionados con copias, infracciones y licencias de construcción.
Nuevo sistema
Para evitar que estas tarifas se repitan, el Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos (CECSJ) desarrolló el Ecosistema del Costo Real del Servicio del Estado, una herramienta que utiliza fórmulas matemáticas y parámetros técnicos para calcular el costo de los servicios y compararlo con las tarifas municipales. También permite evaluar cobros por suministro de agua potable y permisos.
Oliver Joaquín Giménez Héau, investigador del CECSJ, explicó a ‘La Jornada’ que el sistema surgió por iniciativa del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz para atender un problema de décadas. Primero se utilizó en las ponencias de la Corte, desde febrero pasado, y luego se puso a disposición del público. Fue presentado el 28 de septiembre.
La intención, señaló, es que “los propios municipios y los congresos locales, pues si se ajustaban o utilizaban ese mismo criterio, pues el resultado sería que menos asuntos tendrían que llegar a la corte”.
Mónica Valle Morales, también del Centro, precisó que la herramienta no es obligatoria: municipios y congresos locales conservan la libertad de fijar tarifas, siempre que las sustenten en criterios objetivos y razonables, conforme a la Constitución.
La Jornada
