La falta de reglas sobre la procedencia de los recursos para incrementar el salario de cotización abrió un vacío legal que fue aprovechado por despachos, patrones y prestamistas para hacer negocio con la Modalidad 40 del IMSS, mediante esquemas que ofrecían a los trabajadores pensiones de hasta 70 mil pesos mensuales, señalaron representantes del sector obrero ante el Consejo Técnico del organismo y abogados.
Los representantes advirtieron que se identificaron 36 entidades financieras con convenios con el IMSS para otorgar créditos a trabajadores, a quienes el organismo suspendió temporalmente la colocación de préstamos y suscribió convenios modificatorios.
La representante Leslie Baeza explicó que algunas financieras –por lo menos cinco– fueron más allá de lo autorizado incluso mediante endeudamiento a cambio de escrituras u otras garantías antes de que el IMSS resolviera el otorgamiento de la prestación. Entre diciembre de 2018 y junio de este año, el número de personas que se han pensionado bajo este esquema creció 201 por ciento, al pasar de 252 mil a 798 mil, de acuerdo con José Luis Carazo, también representante.
Los recursos destinados al pago de estas pensiones representaron aproximadamente 251 mil millones de pesos anuales, indicó Baeza, al citar información proporcionada durante la sesión extraordinaria del Consejo Técnico del 10 de octubre pasado.
En entrevista, mencionó que al 31 de julio pasado, se tenían 267 mil 678 asegurados en la modalidad 40. Detalló que 103 mil 461 personas cotizaban con un salario de entre ocho y nueve veces el mínimo, y otras 44 mil 831 lo hacían en un rango de nueve a diez, lo que representó el grueso con 148 mil 292 con pensiones superiores a 70 mil pesos. En contraste, 43 mil 913 tenían pensiones de hasta un salario mínimo, es decir, poco más de 10 mil pesos.
Ricardo Landero Aramburu, abogado laboral, explicó que con la Modalidad 40 se desarrollaron dos esquemas distintos: el primero y más delicado, porque “constituye un fraude en que personas pagaban a empresas o cooperativas para aparecer como trabajadores asegurados ante el IMSS y así sumar semanas de cotización”.
En otros, los patrones registraban a los trabajadores con un salario, pero después les exigían devolverlo, una práctica que podía facilitar lavado de dinero, señaló.
El segundo mecanismo, precisó, consistía en financiar las aportaciones para elevar el salario de cotización y aspirar a pensiones de 60 mil o 70 mil pesos mensuales.
El especialista aclaró que incrementar el salario de cotización dentro de los límites legales está previsto en la ley, pero no simular relaciones laborales. Advirtió que el IMSS podría exigir que se acredite la procedencia de los recursos.
La Jornada
