La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) investigan la agresión que sufrió un reportero por parte de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), informó el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona.
El reportero del municipio de Silao, José Cruz Vázquez, que fue agredido por ciudadanos, y el comunicador violentado por policías estatales en el municipio de Comonfort ya tienen medidas de protección, aseguró el también presidente del Consejo Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La noche del martes, el reportero independiente José Cruz Vázquez fue agredido por familiares de la víctima de un ataque armado, cuando cubría un homicidio en la colonia Los Ángeles de la ciudad de Silao.
La tarde del miércoles, elementos de las FSPE agredieron físicamente al reportero Jorge Luis Ruiz Sierra, cuando documentaba un operativo implementado por el asesinato de tres policías estatales en la comunidad Delgado de Arriba, en el municipio de Comonfort.
“No se va a tolerar ninguna agresión a ningún comunicador, a ningún periodista”, advirtió al momento de resaltar que tuvo comunicación con los dos reporteros agredidos.
Agregó que el Consejo de Protección brindó acompañamiento para que pusieran una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y, en el caso de Comonfort, como los agresores son funcionarios, ahí también interviene la Prodheg.
“No vamos a dejar el tema; la gobernadora -Libia García Muñoz Ledo- ha hecho un compromiso de respaldar y apoyar al compañero”, resaltó.
Agregó que el secretario de Seguridad, Juan Mauro González Martínez, realiza una investigación interna y tendrá que aumentar la capacitación a los elementos en materia de libertad de expresión.
El Consejo de Protección siempre está presente, acompañando a las víctimas, brindando medidas de protección, dijo.
El artículo 153 del Código Penal establece que las lesiones son calificadas cuando “se cometan en agravio de periodistas, de su cónyuge o de sus parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado, si tuvieren como finalidad obstaculizar o impedir el ejercicio de la libertad de expresión del ofendido, o en razón del desempeño de su profesión”.
A la persona que utilice la violencia o el acoso para impedir que se ejerza la actividad periodística se le impondrá una sanción de uno a seis años de cárcel, señala el artículo 240 d.
“Cuando en la comisión de este delito intervenga un servidor público, la pena de prisión se aumentará de una mitad del mínimo a una mitad del máximo; y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o comisión públicos por un término igual al de la sanción privativa de la libertad impuesta”, marca el artículo.
La Jornada
