Foto: Cuartoscuro
La reciente detención de figuras de peso político, como el exgobernador bajacaliforniano Ernesto Ruffo Appel y el guerrerense Ángel Aguirre Rivero, vuelve a colocar bajo el reflector el expediente de exmandatarios estatales y altos funcionarios federales procesados por la justicia en México.
Acusados por delitos que van desde el contrabando de combustible y peculado hasta la desaparición forzada y el narcotráfico, diversos personajes que encabezaron el poder político en las últimas décadas hoy enfrentan condenas, juicios y medidas cautelares tras las rejas.
Además de Aguirre Rivero, el otro caso registrado este año es el de Ernesto Ruffo Appel, un panista histórico por haberse convertido en 1989 en el primer gobernador de oposición. Detenido el 16 de julio en Ensenada, la FGR lo acusa de delincuencia organizada y contrabando, vinculándolo a una red de tráfico ilegal de combustible. Actualmente está en prisión preventiva.
Aguirre Rivero, quien gobernó Guerrero durante los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, fue aprehendido este jueves por la FGR por los delitos de desaparición forzada y contra la administración de justicia, al atribuírsele la instrucción directa de desaparecer las grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Entre desvíos y lavado de dinero
En los años recientes también se registra un saldo de exgobernadores, exdirectores de paraestatales y exintegrantes del gabinete federal que rindieron cuentas ante los tribunales nacionales e internacionales. Estas figuras de alto perfil han sido detenidas, sentenciadas o puestas bajo proceso penal.
Por ejemplo, está el caso de Javier Duarte de Ochoa (Veracruz), quien gobernó la entidad entre 2010 y 2016 bajo las siglas del PRI. Capturado en Guatemala en 2017 y extraditado a México, cumple una condena de nueve años de prisión en el Reclusorio Norte por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con una red de empresas fantasma.
También, César Duarte Jáquez (Chihuahua), detenido en Miami en 2020 y extraditado a México en 2022. El exmandatario enfrenta procesos penales por peculado agravado y asociación delictuosa, derivados del presunto desvío de cientos de millones de pesos del erario chihuahuense.
Ya fuera de los sexenios de la denominada Cuarta Transformación, los gobernadores caídos en desgracia son Roberto Borge Angulo (Quintana Roo), quien fue aprehendido en Panamá en 2017 e ingresado a un penal federal en México en 2018. Está vinculado a proceso por delitos como lavado de dinero, peculado y aprovechamiento ilícito del poder.
Uno de los casos más sonados es el de Tomás Yarrington Ruvalcaba (Tamaulipas). El mandatario priista fue detenido en Italia en 2017 y entregado a las autoridades de Estados Unidos, donde fue condenado por aceptar millones de dólares en sobornos del crimen organizado y lavarlos en bienes raíces.
En tanto, Guillermo Padrés Elías (Sonora) es uno de los exgobernadores que puede presumir de seguir libre. Se entregó a la justicia en 2016 acusado de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Obtuvo la libertad condicional en 2019 tras pagar una fianza para continuar su proceso fuera de prisión.
Un caso paradigmático es el de Mario Villanueva Madrid (Quintana Roo), detenido en 2001 por vínculos con el narcotráfico. Tras purgar condenas en México y Estados Unidos, le fue concedida la prisión domiciliaria por motivos de salud.
Y en el gabinete federal…
Otras figuras de alto perfil han sido detenidas en los tiempos de la 4T por delitos graves.
Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, es considerado el creador de la versión oficial denominada «Verdad Histórica» sobre la desaparición de los 43 normalistas. Fue detenido en la CDMX en agosto de 2022 imputado por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia. Actualmente permanece bajo la medida de prisión domiciliaria por motivos de edad y de salud.
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, fue detenido en España en 2020 y extraditado a México por los casos de corrupción de Odebrecht y la compra a sobreprecio de la planta Agronitrogenados. Tras permanecer en el Reclusorio Norte, en 2024 obtuvo el cambio de medida cautelar para llevar sus procesos en libertad con brazalete electrónico.
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, es el funcionario de más alto rango en la administración de Felipe Calderón juzgado en el extranjero. Fue detenido en EE. UU. en 2019 y hallado culpable en Nueva York por cargos de narcotráfico y conspiración con el Cartel de Sinaloa. Actualmente purga condena.
Por último, Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, era un mando operativo cercano a García Luna. Capturado en 2021 en el Estado de México, fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano procesado por el delito de tortura.
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