Rúbrica
La casta divina
Por Aurelio Contreras Moreno
Durante los últimos años, el discurso de la mal llamada “cuarta transformación”
construyó buena parte de su legitimidad sobre una premisa tan sencilla como
poderosa: los privilegios de la clase política habían terminado. Se acababan los
gobiernos de ricos, los funcionarios con salarios ofensivos, los familiares
incrustados en las nóminas públicas, el influyentismo, los guardaespaldas, el
dispendio y aquella vieja concepción patrimonialista según la cual llegar al poder
equivalía a apropiarse del presupuesto. O por lo menos, eso decían.
Lo que ha terminado por consolidarse, sin embargo, es una nueva élite burocrática
que reproduce muchos de los vicios que prometió desterrar, pero con una
diferencia fundamental: ahora pretende que sus privilegios están “moralmente”
justificados porque quienes los disfrutan pertenecen al movimiento que se
proclamó representante del “pueblo”. Y que se autopercibe como una nueva “casta
divina”.
No hace falta siquiera recurrir a filtraciones, expedientes secretos o
investigaciones financieras complejas. Baste revisar las nóminas oficiales y la
Plataforma Nacional de Transparencia para encontrarse con una realidad bastante
menos “austera” que la propaganda. Aquí, el caso de los sobrinos del
expresidente Andrés Manuel López Obrador incrustados en el gobierno de Rocío
Nahle es paradigmático.
Tres hijos de Arturo López Obrador -hermano del exmandatario que fue increpado
y abucheado en un restaurante en Coatepec el pasado domingo-, ocupan cargos
en la administración veracruzana. Erandi Isabel López Herrería es rectora de El
Colegio de Veracruz; Tarheni Andrea López Herrería ocupa una subdirección en el
sector salud, mientras Pedro Arturo López Herrería es asesor del secretario de
Gobierno Ricardo Ahued. La propia gobernadora reconoció públicamente que
trabajan en su administración y los defendió bajo el argumento de que “tienen
derecho como cualquiera” y son “muy capaces”.
Por supuesto que tienen derecho a trabajar. Pero lo que no tienen es un derecho
de sangre para incrustarse en el presupuesto público. Así que resulta más que
válido, por más que los defiendan, cuestionar si cualquiera de ellos, sin ese
parentesco, habría encontrado las puertas abiertas y las mismas oportunidades y
consideraciones para acceder a posiciones dentro del actual gobierno de
Veracruz.
El caso más escandaloso es el de Erandi Isabel López Herrería, rectora de El
Colegio de Veracruz. De acuerdo con la información reportada en la Plataforma
Nacional de Transparencia (PNT) correspondiente al segundo trimestre de 2026,
su remuneración mensual bruta ascendió a 145 mil 322 pesos, con una
percepción neta de 106 mil 433 pesos. En el trimestre anterior, la propia institución
había reportado una percepción neta de 51 mil 353 pesos.
La controversia no termina en el salario. La información curricular pública señala
que López Herrería cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Educación y
reporta una maestría en Gestión Educativa como terminada, pero con “título en
proceso”. Esto generó cuestionamientos sobre el cumplimiento del requisito legal
para ocupar la rectoría, pues la legislación establece contar con estudios de
posgrado con al menos dos años de antigüedad. Así que no estamos solamente
ante una discusión sobre cuánto cobra una funcionaria, sino acerca de cómo y por
qué llegó ahí. Inevitablemente, se voltea a ver el apellido.
Por si algo faltase, este jueves, durante la guardia septembrina realizada en el
parque de Los Berros en Xalapa, reporteros cuestionaron a la rectora sobre sus
percepciones. Ella negó cobrar más que la gobernadora, sostuvo que se
encuentra dentro del tabulador, pero no precisó ante los periodistas cuánto recibe
ni por qué en la PNT se reportan otras cifras. Y mientras se retiraba –casi
huyendo-, uno de los varios escoltas que la acompañaban (¿de dónde sale para
pagarles?) empujó a una reportera que hacía su trabajo. Todo muy “republicano”,
“austero” y “diferente” de “los de antes”.
La nueva casta no se limita a los parentescos. También se integra con aquellos
personajes premiados por su utilidad política, como Alejandro Esteban Sosa
Benítez, director general de Radiotelevisión de Veracruz, emisora degradada en
esta administración a ser una mera caja de resonancia gubernamental, replicadora
del discurso oficial y vehículo de promoción política del partido gobernante y sus
intereses.
Gracias a esos “servicios”, a su director no le va nada mal. Según datos de
transparencia –esa maldita transparencia que aún no erradican del todo- Sosa
Benítez pasó de una percepción mensual neta de 57 mil 409 pesos en el primer
trimestre de 2026, a 83 mil 752 pesos durante el segundo. Un incremento de 45.89
por ciento “de jalón”. Su remuneración quedó apenas 998 pesos debajo de los 84
mil 750 pesos establecidos -nominalmente por lo menos- para la gobernadora
Rocío Nahle. Nada mal para regentear una televisora pública convertida en
vocería ideológica y en francotiradora de los críticos.
Esta nueva casta llegó al gobierno denunciando que los anteriores habían utilizado
el poder para enriquecerse, acomodar amigos, beneficiar familiares y someter las
instituciones públicas a intereses políticos. Lo cual es cierto. Pero una vez
instalados en el poder, descubrieron que los privilegios no eran tan desagradables
cuando les correspondían a ellos. La austeridad siempre es más sencilla cuando
debe practicarla otro.
Por eso resulta profundamente hipócrita la sorpresa cuando algún integrante de la
familia política gobernante recibe rechiflas, reclamos o abucheos en un espacio
público. ¿Qué esperaban?
Durante años se dedicaron a construir deliberadamente una narrativa de buenos
contra malos. Señalaron, insultaron, estigmatizaron y exhibieron a todo aquel que
consideraban integrante de las élites del antiguo régimen. Convirtieron el
resentimiento social en herramienta política y enseñaron a sus seguidores que
increpar al poderoso era casi una obligación cívica.
Ahora que ellos son los poderosos e incurren exactamente en las mismas
prácticas, ya no les gusta que el ciudadano ejerza lo que han llamado por ahí el
“derecho al escarnio”. Acusan que el reclamo es “odio”, la crítica “golpismo”, la
investigación periodística una “campaña” y el abucheo es una “imperdonable” falta
de respeto. Pues no.
Solamente comienzan a cosechar lo que sembraron.
Email: aureliocontreras@gmail.com
X: @yeyocontreras
