Rúbrica
La competencia por ver quién burla mejor la ley
Por Aurelio Contreras Moreno.
Otro de los principales “logros” de la llamada “cuatroté” de los últimos ocho años
es que las campañas electorales ya no comienzan cuando lo establece la ley, sino
cuando se les da la gana a los políticos.
La simulación se ha convertido en la regla. Morena encontró una fórmula tan
burda como efectiva para adelantar sus procesos de selección de candidatos,
promover personajes, movilizar estructuras y posicionar aspirantes sin reconocer
formalmente que está haciendo campaña: las llamadas “coordinaciones de
defensa de la transformación”.
El nombre es, en realidad, lo de menos. Podrían llamarlas “coordinaciones de la
esperanza”, “brigadas de la revolución obradorista” o con cualquier otra
denominación cursi y grandilocuente. El propósito político sería exactamente el
mismo: colocar anticipadamente en la competencia electoral a quienes buscarán
cargos públicos, darles exposición, construirles estructuras territoriales y
generarles ventajas frente a sus eventuales adversarios.
Todo ello, por supuesto, bajo la coartada de que se trata de actividades “internas”
de organización partidista. Un cuento que pretende aparentar legalidad en lo que,
por sus características y objetivos, constituye una violación a las disposiciones
sobre precampañas y campañas electorales que originalmente fueron impulsadas,
para mayor ironía y absurdo, por la propia izquierda partidista cuando era
oposición.
En medio de este circo, las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de
las normas parecen haber decidido que es preferible hacerse de la vista gorda
antes que enfrentar a quienes las violan descaradamente. Es verdaderamente
escandaloso que el Instituto Nacional Electoral, organismo que debería poner
orden, esté más interesado en encontrar argumentos para justificar su pasividad
que en ejercer sus facultades de fiscalización y vigilancia.
Morena no inventó las trampas electorales, evidentemente. Pero las aprendió muy
bien de su abuelo, el PRI, y las ha perfeccionado hasta convertirlas en un
mecanismo de operación política, propaganda y proselitismo permanentes. Y
como ahora es el partido en el poder y concentra el mismo de manera apabullante
y autoritaria, dispone de una maquinaria de promoción y movilización a la que sus
adversarios no pueden ni aspirar siquiera.
El calendario electoral se ha convertido prácticamente en un adorno. Los periodos
de precampaña y campaña, contemplados hasta el próximo año en la norma
electoral, son una formalidad lastimera, porque a nadie le importan ni pretenden
esperarse a que lleguen los tiempos legales. Y lo más grave es que lo que
comenzó como una estrategia del oficialismo terminó contaminando a todo el
sistema de partidos.
La oposición, en lugar de exigir con firmeza el cumplimiento de la ley y
mantenerse al margen de estas prácticas, ha comenzado a reproducirlas con sus
propias fórmulas de simulación. Y es que nadie quiere quedarse atrás ni está
dispuesto a concederle al adversario meses de ventaja en posicionamiento y
organización. Así que si la autoridad permite que unos adelanten sus campañas
de manera artera y grotesca, los demás encuentran el pretexto perfecto para
hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué no habrían de hacerlo ellos también?
Es la competencia por ver quién burla mejor la ley. Y el resultado es perverso: la
ilegalidad deja de ser una excepción que debe sancionarse, para convertirse en
una práctica “normalizada”, justificada bajo el argumento de que todos la realizan,
mientras el árbitro, alguna vez confiable y profesional, se ha vuelto parte del
mismo lodazal.
Por lo mismo, hay una proliferación de campañas adelantadas sin fiscalización
alguna. En estados como Veracruz y Puebla es grosero el dispendio de recursos,
tanto públicos como de procedencia menos clara, en la promoción de aspirantes
que, sin esa inyección de dinero, sin el respaldo de amplias y bien aceitadas
estructuras de poder, convocarían a sus actos proselitistas a menos personas que
un perro atropellado.
Lo peor es que esa gente, con esas credenciales (in) morales e ínfima estatura
política, busca llegar a ocupar una curul en donde se hacen las leyes o a tomar
decisiones desde una alcaldía o una gubernatura, afectando la vida de miles de
mexicanos.
Y mientras corren ríos de dinero para la política, no hay ni para un pinche curita en
un hospital.
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