La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen de la reforma para prohibir que los candidatos a la Presidencia de la República, gobernadores y jefe de Gobierno de la Ciudad de México tengan doble nacionalidad.
El documento fue avalado con 26 votos a favor de Morena y sus aliados, y cinco en contra del PRI, PAN y MC. La mesa directiva de la Cámara lo recibirá en la sesión de este miércoles, en la que se le dará publicidad, y se prevé que su votación en el pleno sea el 22 de septiembre.
La comisión precisó que la reforma no se limitará a impedir que una persona cuente con doble nacionalidad al momento de su registro como candidato, sino que “durante el ejercicio del cargo, la persona titular no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana”.
Se respetan los derechos políticos
Durante la discusión de ayer en comisiones, Irma Garay (PT) señaló que no pretende excluir ni negar sus derechos políticos a los mexicanos que tienen alguna relación con otros países, sino “establecer reglas claras para que quienes aspiren a gobernar el país tengan un compromiso irrenunciable con México”.
Además, Katia Castillo (Morena) coincidió en que quien encabece el Poder Ejecutivo “debe responder exclusivamente a México, sus instituciones y su pueblo”, y preguntó qué ocurriría si un mandatario con dos nacionalidades tuviera que decidir en un potencial escenario de conflicto entre ambos países.
En contraste, Iraís Reyes de la Torre (MC) resaltó que una persona puede tener padres de nacionalidades diferentes o nacer en el extranjero, y eso no la hace defender menos los intereses del país donde vive. Lamentó que Morena “inventa un problema que no existe”, en vez de discutir temas más importantes de la realidad nacional.
César Alejandro Domínguez (PRI) reprochó que la coalición de mayoría nunca argumentó de manera convincente cuál es el riesgo de no aprobar la iniciativa y que tampoco se escuchó a los mexicanos que viven en el extranjero.
La mayoría rechazó una propuesta de Acción Nacional para convocar a una consulta pública sobre el proyecto.
La Jornada
