Rúbrica
Pago para que me aplaudan
Por Aurelio Contreras Moreno
Hace más de 40 años, el entonces presidente José López Portillo sintetizó en una
frase una de las formas más autoritarias, patrimonialistas y perversas de entender
la relación entre el poder público y la prensa: “no pago para que me peguen”, en
relación con su pleito con el semanario Proceso, dirigido por Julio Scherer, al que
le retiró toda la publicidad oficial en represalia por su línea crítica.
Pero “Jolopo” no hablaba de su dinero, pues no sacaba un peso de su cartera.
Hablaba del presupuesto público como si fuera suyo y, desde esa concepción
patrimonial del poder, decidió que quien criticara al presidente no merecía recibir
publicidad del gobierno.
Cuatro décadas después, la autodenominada “cuarta transformación”, que
prometió desterrar las prácticas del viejo régimen –con el que se mimetiza a cada
segundo-, parece haber encontrado la manera de reciclarlas bajo un nuevo
discurso. Claudia Sheinbaum lo dejó ver con una claridad extraordinaria cuando,
durante una reciente conferencia presidencial, fue cuestionada directamente por
un asistente a la “mañanera” sobre el reparto de publicidad oficial.
La presidenta respondió primero que el gasto se había reducido respecto de los
tiempos de Enrique Peña Nieto –lo cual es relativamente cierto- y, ante la
insistencia, soltó casi con un dejo de orgullo: “no, por ejemplo, a TV Azteca, sí, no
le damos”. Y luego mencionó a Reforma y a El Universal como otros de los medios
“expulsados” del “paraíso” presupuestal por “incómodos”.
La frase constituye, cuando menos, una confesión desde el fondo del corazón de
la presidenta Sheinbaum acerca de cómo concibe la asignación de recursos
públicos a los medios de comunicación. ¿Con qué criterios se decide a quién sí “le
damos” y a quién no?
Durante muchos años, organismos ciudadanos y promotores de la transparencia
han insistido en que esos criterios deberían corresponder a estudios de audiencia,
cobertura territorial, perfiles demográficos, efectividad de las campañas y objetivos
institucionales. Pero ni los anteriores gobiernos, ni el actual, lo han hecho de esa
manera. Lo que les importa realmente es la línea editorial, si es afín al gobernante
y al partido en turno. Y si se desvive o no en lisonjas.
Este mecanismo de “premio” y “castigo” para asignar la publicidad oficial deja de
lado la distribución del presupuesto conforme a parámetros verificables,
transparentes, impersonales y técnicamente justificables, para convertirse en un
instrumento político de control de esos medios y “periodistas”, que dejan de ser un
contrapeso y renuncian a ejercer el necesario escrutinio del poder, para en su
lugar asumirse como “voceros”, propagandistas y, en muchos casos, en
mandaderos del político/a que los financia.
Los lineamientos federales de comunicación social para 2026 señalan que el gasto
debe cumplir criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez,
y el propio acuerdo sostiene que la distribución de publicidad oficial debe
efectuarse mediante criterios “objetivos, imparciales y transparentes” que
garanticen igualdad de oportunidades entre medios. Por tanto, el dinero destinado
a comunicación social no es una gratificación presidencial. Mucho menos un
premio a la obediencia. O no debiera ser.
La presidenta Sheinbaum puede decidir la política de comunicación de su
administración dentro de las facultades que le confiere la ley. Lo que no debería
poder hacer es convertir el uso del presupuesto público en una extensión de sus
filias y fobias. Un gobierno democrático debiera comprar espacios publicitarios
porque necesita comunicar campañas de vacunación, programas públicos,
medidas de protección civil, derechos ciudadanos, información sanitaria o
acciones institucionales. No para comprar líneas editoriales.
Durante décadas hubo relaciones profundamente corruptas entre gobiernos,
propietarios de medios, columnistas y periodistas. Negarlo sería absurdo. Pero es
muy claro que el actual régimen ha recurrido a las mismas prácticas, aunque se
ufane de negarlo.
Basta observar el ecosistema mediático construido alrededor de la “4t”. Nunca
antes habíamos visto semejante cantidad de pasquines y textoservidores
dispuestos a justificar absolutamente cualquier cosa que haga el poder.
Personajes cuya tarea cotidiana consiste en elogiar al gobierno, atacar a sus
críticos, desacreditar periodistas, reproducir sin cuestionamientos la narrativa
oficial y presentar cada fracaso como una “victoria histórica” de la transformación.
El “chayote” no desapareció con Morena. Cambiaron algunos beneficiarios, otros
se “convirtieron” a la “fe” obradorista para seguir cobrando. Surgió una nueva
generación de propagandistas, algunos de los más abyectos de nuestra historia
contemporánea, llenando páginas, micrófonos, canales y redes sociales de
alabanzas al poder. Y no lo hacen gratis.
En los estados del interior de la República ocurre lo mismo, o a veces es peor.
Porque muchos gobernadores y alcaldes se sienten señores y señoras feudales
que no deben tolerar señalamientos. Y también se rodean de cortesanos que ni
escribir su nombre sin faltas de ortografía pueden. Pero ojo, hacer un “censo” para
que el gobierno avale quién sí y quién no es periodista, como se deslizó en
Veracruz, es una trampa.
El presupuesto de comunicación social no es dinero del gobernante ni del partido
en turno. Se trata de recursos públicos que no deben, ni antes ni ahora, utilizarse
para comprar aplausos ni para cobrar críticas. Mucho menos, para convertirse en
la zanahoria para los dóciles y el garrote para los incómodos.
Pero estamos instalados en el “pago para que me aplaudan”.
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