En la recepción de la primera entrega de la cuenta anual 2025 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la bancada de Morena se pronunció por garantizar la fiscalización en lugares controlados por el crimen organizado.
Fue el diputado federal Arturo Roberto Hernández Tapia quien propuso que “se diseñen estrategias a fin de proteger en territorio a los auditores en zonas controladas por el crimen organizado, para que los correspondientes ejecutores del gasto no se queden exentos de la fiscalización”.
El legislador pidió a sus compañeros de la comisión de vigilancia y auditoría tomar medidas para que la ASF transparente en dónde se detectaron anomalías.
(Que) se incluyan en los informes sobre los resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública a la Cámara de Diputados los juicios y las secciones legales en los que la auditoría no tuvo resoluciones favorables, para evitar enterarnos por otras vías”, argumentó.
Hernández Tapia también habló de la necesidad de que “se tomen mayores medidas, a fin de que no se violente el principio de presunción de inocencia de los sujetos fiscalizados, para que no sufran un daño político y moral por observaciones de auditorías que no han sido concluidas y que tienen la posibilidad de ser solventadas”.
Y alertó el parlamentario de Morena de la importancia de evitar que la revisión del ejercicio presupuestal y las observaciones que la ASF plantea sean utilizadas para vendettas políticas.
Considero pertinente otorgarle facultades a la Auditoría Superior de la Federación para que, desde las primeras etapas del proceso de fiscalización, sea el conducto para solicitar información a los servidores públicos en funciones relacionadas con observaciones de auditorías practicadas a funcionarios que ya concluyeron su ejercicio, a efecto de no dejarlos en estado de indefensión, entre otras cosas, por venganzas políticas”, expuso.
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