El l juez de control Edmundo Manuel Perusquia Cabañas modificó la medida cautelar impuesta al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en uno de los procesos penales que enfrenta por el caso Ayotzinapa, al dejar sin efectos la prisión domiciliaria y sustituirla por un esquema de resguardo con vigilancia electrónica y restricciones de movilidad.
La resolución fue emitida por el juez de control Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, quien determinó que el exfuncionario permanecerá en su domicilio bajo monitoreo mediante un brazalete electrónico, además de cumplir diversas medidas cautelares.
Durante la audiencia, el juzgador consideró que el estado de salud de Murillo Karam requiere atención médica permanente.
Asimismo, concluyó que la duración del proceso penal no obedece a acciones dilatorias atribuibles al ex procurador, sino a la tramitación de diversos recursos judiciales promovidos dentro del expediente, razón por la que estimó procedente modificar la medida cautelar.
Con esta determinación, Murillo Karam dejará de estar bajo la vigilancia permanente de elementos de la Guardia Nacional en su domicilio y ya no necesitará autorización judicial para acudir a consultas médicas.
No obstante, continuará sujeto al monitoreo electrónico y a las restricciones de movilidad establecidas por la autoridad judicial.
Segundo proceso penal
El ex procurador, sin embargo, permanece vinculado a un segundo proceso penal que se sigue ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.
En ese expediente continúa bajo prisión domiciliaria por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos, relacionados con el caso de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”.
En la causa penal derivada de la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República acusa a Murillo Karam de los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos.
De acuerdo con la imputación, el exfuncionario habría participado en la construcción de la denominada “verdad histórica”, una versión oficial que, según la Fiscalía, implicó la presunta alteración de evidencias y el desvío de líneas de investigación sobre el paradero de los normalistas desaparecidos en septiembre de 2014.
La resolución modifica únicamente las medidas cautelares dentro de uno de los procesos que enfrenta el ex procurador, por lo que las investigaciones y procedimientos penales en su contra continúan en curso.
Excélsior
