Rúbrica…El manual de la autocracia, Por Aurelio Contreras Moreno

Rúbrica
El manual de la autocracia
Por Aurelio Contreras Moreno


La virulenta campaña de desprestigio desatada desde el poder contra el Instituto
Nacional Electoral, su historia, sus expresidentes y prácticamente todo el
entramado institucional construido durante las últimas tres décadas tiene
demasiadas similitudes con la ofensiva que precedió a la reforma judicial como
para considerarla una simple coincidencia.
El libreto es prácticamente idéntico. Primero desacreditan a las instituciones.
Después las exhiben como “corruptas”, “inservibles”, “privilegiadas” y, por
supuesto, “enemigas del pueblo”. Enseguida, convierten sus problemas reales en
una condena generalizada contra todo lo que representan. Y finalmente, cuando el
terreno político está suficientemente abonado, en sentido literal, proceden a
desmantelarlas para sustituirlas por estructuras sometidas a sus intereses.
Nadie podría sostener seriamente que el antiguo Poder Judicial estaba exento de
problemas y vicios como la corrupción, el nepotismo, abusos, privilegios y
decisiones cuestionables. Existían y exigían una transformación profunda de sus
mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas. Pero ninguna de
esas deficiencias justificaba dinamitar la independencia judicial, someter a jueces
y magistrados a procesos electorales vulnerados por la intervención política ni
convertir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la caricatura institucional
que hoy, con pena ajena, observamos.
Mucho menos justificaba la creación de esa suerte de nueva “Inquisición”
encarnada en el Tribunal de Disciplina Judicial, cuyas amplias facultades
sancionadoras representan una amenaza permanente contra cualquier juzgador
que se atreva a resolver asuntos contrarios a los intereses del poder político. Los
ejemplos de lo anterior ya comienzan a acumularse.
Ahora, el siguiente objetivo es el sistema electoral que hizo posible la transición
democrática mexicana.
El INE tiene problemas, sin duda. Algunos muy graves, es clarísimo. Los
escándalos relacionados con los desvíos de recursos durante la presidencia de
Guadalupe Taddei, los cuestionamientos sobre contrataciones y los conflictos
internos que han sacudido al organismo no pueden ni deben minimizarse. Sin
embargo, de eso a concluir que toda la historia del IFE y del INE fue una farsa,
que la democracia electoral liberal es un engaño y que el sistema debe ser
sustituido por otro diseñado desde el poder, hay un abismo, al cual el régimen
parece dispuesto a lanzar al país.
Es revelador y hasta irónico que quienes hoy pretenden presentar al instituto como
una estructura podrida desde sus orígenes sean los mismos que llegaron al poder
gracias a las reglas, instituciones y procedimientos electorales que ahora buscan
demoler. Sin el proceso de construcción institucional iniciado en los años 90, sin la
ciudadanización y autonomía de los organismos electorales, y sin las reformas que
permitieron condiciones de competencia más equitativas, simplemente no se
habría dado la alternancia presidencial del año 2000, y mucho menos el triunfo del

propio Andrés Manuel López Obrador en 2018 y la llegada de Claudia Sheinbaum
a la Presidencia en 2024. Tan claro como eso.
Empero, el movimiento que se benefició de ese sistema democrático que llegó a
funcionar de una manera verdaderamente eficaz pretende ahora deslegitimar las
instituciones que hicieron posible su ascenso. La campaña contra el INE busca
destruir la legitimidad de la institución y presentar la autonomía electoral no como
una conquista democrática, sino como un obstáculo que debe eliminarse.
Es exactamente la misma operación discursiva utilizada contra la Suprema Corte y
contra los organismos constitucionales autónomos que fueron desaparecidos para
trasladar sus atribuciones a organismos y estructuras cuya independencia
respecto del Ejecutivo es nula.
México se encamina hacia las elecciones intermedias de 2027 en medio de una
ofensiva de descrédito que erosiona anticipadamente la confianza pública en los
resultados, cualquiera que éstos sean. Si favorecen al oficialismo, éste podrá
presentarlos como una “victoria popular” a pesar de las supuestas deficiencias del
INE. Si le resultan adversos, la narrativa del árbitro corrupto le servirá para
cuestionar la legitimidad del proceso. Y en ambos escenarios podrán buscar
justificar una reforma de mayor calado.
No es una hipótesis surgida de la nada. La propia presidenta Claudia Sheinbaum
adelantó el pasado 9 de noviembre que, una vez concluidas las elecciones de
2027, volverá a presentar su propuesta de reforma electoral, después de que sus
anteriores iniciativas fueran desechadas. Tres días después fue todavía más
explícita al plantear que debería discutirse la concentración de atribuciones en el
INE y hasta la permanencia de los organismos públicos locales electorales.
La reforma que prepara el régimen y que ha tenido en su agenda desde que arribó
al poder no busca corregir los problemas del sistema electoral, sino aprovecharlos
y magnificarlos –sin aceptar su propia responsabilidad, como en el caso Taddei-
para reducir sustancialmente la autonomía del INE e incluso desaparecerlo tal
como lo conocemos, y así sustituirlo por un organismo subordinado a los intereses
gobernantes.
La desaparición de los organismos autónomos y la transformación del sistema
judicial muestran hasta dónde puede llegar un régimen político cuando confunde el
mandato electoral con una autorización para concentrar de manera absoluta el
poder y convertirse en una autocracia.
De manual, diría un clásico.
Email: aureliocontreras@gmail.com
X: @yeyocontreras

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