Foto: Cuartoscuro
Frente al mayor desafío de su historia, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) se encuentran en una situación de debilidad financiera. Aunado a ello, desde hace varios años su extinción está en la mira y en los dos recientes proyectos de reforma electoral presentados por el Poder Ejecutivo federal se les ubica como instancias caras, cuyas funciones podrían ser absorbidas por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Por ahora han librado la desaparición y deben prepararse para su reto más grande, pues el año entrante habrá 19 mil 609 cargos locales en disputa, incluidas 17 gubernaturas, 31 congresos locales y miles de elecciones de presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.
Precisamente los reportes del INE muestran la manera en que los OPLE navegan en la incertidumbre financiera. Actualmente, tienen una bolsa en conjunto de 13 mil 714 millones de pesos, de 17 mil millones solicitados; al igual que ocurre al órgano nacional, a los OPLE se les endosa en su presupuesto el financiamiento público a los partidos, que en su caso significan las prerrogativas para casi 60 organizaciones locales que no ven ninguna merma porque, tal como pasa con los nacionales, el dinero que reciben se calcula con base en una fórmula constitucional.
Así que los OPLE deberán cabildear sus propios gastos, y para el año entrante harán una petición mucho mayor que la actual, bajo el argumento de que la megaelección los obliga a contratar a miles de trabajadores eventuales y para pagar mucho más por la impresión de boletas.
De la clasificación hecha por el INE, al corte del 21 de agosto pasado, siete están en riesgo, incluidos cuatro que tendrán elección de gubernatura (Colima, San Luis Potosí, Nuevo León y Guerrero).
En Colima, el mayor riesgo
En el pico del peligro sigue estando Colima, cuyo problema empeoró de 2025 a la fecha, que no tiene ni para pagar la nómina completa, aun con varias solicitudes de ampliación presupuestal concedidas a cuentagotas y tras litigios en tribunales.
“Son indispensables los recursos para que el organismo pueda realizar los pagos de las remuneraciones del personal, así como de diversos servicios y con ello asegurar la operación institucional”, se lee en el más reciente informe del INE expuesto en su Consejo General.
En “riesgo medio” aparecen Guerrero, Hidalgo, Puebla, Nuevo León, San Luis Potosí y Yucatán.
Por ejemplo, Guerrero –una de las 17 entidades que tendrá comicios para renovar gubernatura, congreso y presidencias municipales– pidió para el año en curso 680 millones de pesos (186.5 millones de gasto operativo, 27.3 para proyectos especiales, 121.5 para elecciones locales ordinarias, 138.1 millones para elecciones judiciales y 206.8 millones para financiamiento a partidos), y sólo le aprobaron 472 millones de pesos.
Para el próximo año se prevé una solicitud de 378 millones destinados a gasto de operación de la elección y 326 millones para partidos.
Este OPLE, con una plantilla de 160 personas, busca contratar a 2 mil 700 trabajadores eventuales para el trabajo en campo: mil 300 supervisores y capacitadores electorales, y lo necesario para operar 28 consejos distritales en 2027.
Congelan proyectos y plazas
“Tuvimos una situación seria en 2022; durante los años siguientes sí solicitamos ampliación presupuestal, pero ya no en 2026, por lo que tuvimos que congelar algunos proyectos y cancelar plazas”, comentó en entrevista la presidenta del OPLE, Luz Fabiola Matildes Gama.
Actualmente está en reuniones con la Secretaría de Finanzas para justificar la solicitud y sacar adelante la elección más grande en la historia de la entidad. Tan sólo en candidaturas, se prevén alrededor de 15 mil registros.
“El gasto va a ser considerable tanto en boletas como en materiales electorales, además de que somos los responsables de la operación del programa de resultados preliminares, por mencionar uno…”
–Se afirma que hay duplicidad de funciones con el INE y que deberían desaparecer los OPLE o bajarles el presupuesto. ¿Cuál sería el mensaje que daría para que no les pasen la aplanadora? –se le planteó.
–La del año entrante es una elección de gubernatura, no es una cosa sencilla; esperaría que nos autoricen los recursos que estamos solicitando; en los últimos cinco años hemos ido ajustando, pero para la siguiente elección sería complicado, es imprescindible tener los recursos, de lo contrario tendríamos que castigar otra vez la operación de los distritos y en oficinas centrales. Yo esperaría que no nos recortaran, que no fuera una aplanadora, porque nos meterían en una situación muy complicada para cumplir con el tránsito de los poderes con toda calma y certeza.
La Jornada
