A once años del fraude cometido contra elementos de la extinta Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, el gobierno de Rocío Nahle mantiene un esquema de pagos reducidos —de apenas 19 mil a 40 mil pesos— mediante una figura de mediación conciliatoria que, según los afectados, los obligó a renunciar a lo que por derecho les correspondía. En contraste, los ex policías que lograron llevar su caso ante un juez recibieron más de un millón de pesos por daño patrimonial, falsificación de documentos y antigüedad laboral.
El representante del grupo, Óscar Juárez Téllez, explicó que el origen del conflicto se remonta al 1 de julio de 2015, cuando funcionarios de la administración de Javier Duarte falsificaron cheques correspondientes a finiquitos de más de 600 agentes. Aunque las investigaciones periciales confirmaron la falsificación, la Fiscalía de Veracruz —primero bajo administraciones anteriores y ahora bajo la actual— incurrió en omisiones, dilaciones y pérdida de pruebas clave, lo que terminó por cerrar la vía judicial para decenas de afectados.
Juárez detalló que 171 policías lograron obtener resoluciones favorables en juzgados, con pagos superiores al millón de pesos. Sin embargo, el resto fue canalizado a un mecanismo de mediación impulsado por el gobierno estatal, donde los montos se redujeron drásticamente: “Como es el recurso de mediación, al máximo, mínimo le dan 19, máximo 40; es absurdo”, dijo en entrevista.
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El abogado señaló que el gobierno estatal destinó apenas 5 millones de pesos para cubrir los adeudos, pese a que el daño patrimonial total ascendía a 100 millones. Bajo ese esquema, solo 171 recibieron pagos, mientras que 75 siguen sin ser indemnizados y 50 policías han fallecido en el transcurso de estos años. De esos 50, únicamente 40 recibieron recursos antes de morir.
Juárez denunció que funcionarios de la Secretaría de Políticas Regionales —particularmente Adolfo Todka y el abogado Mayolo Parra Vázquez— han retrasado los acuerdos y han entregado información falsa a la gobernadora, asegurando que “ya se pagó a todos”. “Ahorita ya han fallecido… nos traen vuelta y vuelta”, reclamó.
Los ex policías, muchos de ellos adultos mayores y con enfermedades crónicas, han viajado seis veces en un año a Xalapa para exigir el cumplimiento de los acuerdos. Cada traslado implica gastos de hasta 20 mil pesos, lo que ha profundizado su desgaste económico.
Este lunes acudieron nuevamente a la Fiscalía General del Estado y al Palacio de Gobierno para solicitar que Rocío Nahle intervenga directamente y ordene el pago a los 75 elementos restantes. “Ya es un hartazgo. Nos dan fechas, pero no cumplen. La gobernadora debe atender este tema social”, insistió Juárez.
Mientras tanto, los cheques falsificados —que en su momento fueron resguardados para dictámenes periciales— ya prescribieron, lo que imposibilita cualquier cotejo caligráfico y cierra definitivamente la vía judicial para quienes quedaron atrapados en la mediación.
Excélsior.
