Rúbrica
Fiscalía de consigna
Por Aurelio Contreras Moreno
La “renuncia” –voluntariamente a… fuerza- de Verónica Hernández Giadáns a la
Fiscalía General del Estado de Veracruz fue la reiteración de un ciclo de
sometimiento institucional de un organismo que, en los hechos, nunca ha sido
autónomo, pero que ahora vuelve a ser, formal y legalmente, supeditado al
Ejecutivo local.
A diferencia de lo que sucedió en el caso de la Fiscalía General de la República,
donde Alejandro Gertz Manero negoció su salida –también decidida desde el
Ejecutivo, en ese caso federal- con amagos de soltar información comprometedora
para el régimen si no le daban lo que pedía, en Veracruz la fiscal lo más que
obtuvo fue la posibilidad de despedirse de sus colaboradores. Y nada más.
Claro, fue bastante en comparación con lo que recibieron sus antecesores. El
duartista Luis Ángel Bravo Contreras fue coaccionado para que renunciara y
aunque no opuso resistencia, el yunismo lo terminó encarcelando. Y qué decir del
yunista Jorge Winckler, destituido irregularmente por el Congreso en 2019, en una
auténtica asonada de la cual Hernández Giadáns fue la beneficiaria, fruto de la
necesidad del recién llegado régimen morenista de contar con una Fiscalía dócil,
obediente y funcional a sus intereses.
Desde entonces, la FGE se convirtió en un brazo ejecutor de persecuciones y
venganzas políticas, tanto las de Cuitláhuac García como las del jefe real de la
fiscal, el entonces poderoso secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros. Los
expedientes se abrieron contra adversarios del régimen y hasta contra ciudadanos
que se atrevían a expresar disenso, y se cerraron cuando se trataba de aliados.
Pero finalmente, la autonomía que por ley debía distinguir a la Fiscalía nunca
existió. Lo que hubo fue una subordinación absoluta al Poder Ejecutivo disfrazada
de institucionalidad, que nunca procuró justicia. La impunidad siguió siendo la
regla, mientras la “justicia” se administraba con criterios políticos.
Hernández Giadáns se fue porque dejó de serle funcional al grupo morenista que
gobierna actualmente. No lo era desde hace un año, cuando se conoció la
intención de removerla y de acomodar la ley, en este caso la Constitución de
Veracruz, al interés de Rocío Nahle. Pero por alguna razón se mantuvo doce
meses más en el cargo.
Las condiciones en que se da el relevo y el marco legal en el que se encuadra es
la aceptación explícita, descarada, de que la Fiscalía no es ni será autónoma ni
independiente, sino un apéndice del Ejecutivo, y su titular tendrá que moverse al
ritmo de las órdenes de la gobernadora, a quien le fue devuelta la facultad de
nombrar y remover al fiscal, que pasa a ser uno más de sus subordinados, de sus
empleados.
Lisbeth Aurelia Jiménez no representa en absoluto un cambio de rumbo, sino la
continuidad del mismo esquema. Incluso en su origen político. Al igual que
Hernández Giadáns, la nueva fiscal ingresó a las “grandes ligas” locales de la
mano de Eric Cisneros, quien la colocó en la presidencia del Tribunal Superior de
Justicia el sexenio pasado, donde actuó con la misma lógica: poner la institución al
servicio de las consignas que recibía de palacio de gobierno. Su actuación
amenazando y persiguiendo jueces y magistrados para que “no se salieran del
huacal” de los intereses políticos del morenato es su principal carta de
presentación.
Su llegada a la Fiscalía es garantía de que la procuración de justicia seguirá
siendo un instrumento de control político, ahora bajo las órdenes directas de Rocío
Nahle. A lo que hay sumarle que ni siquiera cumple con los requisitos legales para
ocupar el cargo.
De acuerdo con el artículo 8, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, quienes hayan ocupado cargos de magistrado o juez no podrán, dentro
de los dos años siguientes a su retiro, actuar como patronos, abogados o
representantes en procesos ante órganos del Poder Judicial. La función del Fiscal
General del Estado implica representar al gobierno en procesos judiciales.
Lisbeth Aurelia Jiménez era magistrada en funciones hasta el pasado domingo
–solicitó licencia este lunes 8 de diciembre- y dejó la presidencia del Tribunal
Superior de Justicia en septiembre. Estaría legalmente imposibilitada para asumir
la titularidad de la Fiscalía.
Pero en México, se sabe de sobra, ya no hay ley que valga. Salvo la del “me vale
madre la ley”.
El “romántico” acarreo
Lo que antes criticaban ácidamente como un inaceptable acto de abuso de poder
y de lucro con las necesidades del “pueblo”, hoy desde el morenato
desmemoriado lo pretenden romantizar como “organización ciudadana”,
“operación política” y “apoyo popular”.
Siempre fue acarreo. Sigue siendo acarreo. Y es tan abominable hoy como antes.
Pero la hipocresía y el descaro son la tendencia “transformadora”.
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X: @yeyocontreras
