Los derrames de hidrocarburo registrados en las últimas semanas en la comunidad de La Concepción, reactivaron la alarma ambiental en el sur de Veracruz y volvieron a colocar bajo escrutinio la infraestructura petrolera, en total abandono, de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El pozo Concepción‑134, fuera de operación desde 2003, ha presentado al menos cuatro fugas recientes que alcanzaron la laguna Mezcalapa, un cuerpo de agua que sostiene la pesca de subsistencia de cientos de familias.
Habitantes de la zona reportaron nuevas manchas de crudo a partir del 16 de abril, apenas días después de que Pemex asegurara haber controlado filtraciones previas mediante reparaciones superficiales.
La empresa productiva del Estado reconoció intervenciones el 8 y 11 de marzo, así como el 1 y 16 de abril, consistentes en la colocación de grapas con empaques de neopreno y pruebas de hermeticidad en el cabezal del pozo. Sin embargo, los pobladores insisten en que las fugas reaparecen de manera intermitente y que la contaminación se extiende hacia parcelas agrícolas y zonas de pesca.
La laguna Mezcalapa, donde desembocan los escurrimientos, es el sustento directo de unas 300 familias dedicadas a la pesca ribereña. Pescadores y habitantes denuncian olores persistentes, presencia de manchas negras en la superficie del agua y afectaciones a la fauna local. “No es la primera vez ni la segunda; llevamos años con lo mismo y nadie da una solución definitiva”, señalaron vecinos consultados.
Aunque Pemex sostiene que los incidentes “no representan riesgo para la población”, especialistas ambientales advierten que los derrames reiterados en pozos inactivos evidencian la falta de mantenimiento y abandono de infraestructura que, aun sin operar, mantiene presión residual y corrosión en sus componentes superficiales. La empresa no ha informado si contempla el cierre técnico definitivo del pozo, una demanda recurrente de la comunidad.
El caso ocurre en el contexto de mayor tensión ambiental en el Golfo de México, donde otro derrame de gran escala ha afectado más de 600 kilómetros de litoral veracruzano. Parte del material recolectado podría ser enviado a la refinería de Minatitlán para su procesamiento como asfalto, lo que incrementa la presión pública sobre la capacidad de respuesta y transparencia de Pemex en la región.
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