Rúbrica
La muerte del mito
Por Aurelio Contreras Moreno
Durante más de una década, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la
Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa fue el eje de una
narrativa política que terminó por transformar el poder en México.
Sobre la desaparición de aquellos jóvenes se construyó un discurso que
presentaba al régimen priista como la encarnación definitiva de la barbarie –no sin
razón–, al Ejército como un aparato criminal protegido por el Estado y a Andrés
Manuel López Obrador como el único líder capaz de romper el pacto de
impunidad. Ayotzinapa fue, en muchos sentidos, el mito fundacional del
obradorismo como fuerza política capaz de disputar y ganar el poder.
No fue el único factor que precipitó el derrumbe del gobierno de Enrique Peña
Nieto, por supuesto. La corrupción de la “Casa Blanca”, los escándalos de
Odebrecht, la violencia desbordada, la crisis económica, las empresas “fantasma”
de Javier Duarte y el descrédito generalizado del sistema priista hicieron su parte.
Pero ningún episodio condensó con tanta fuerza el sentimiento de indignación
nacional e internacional como la desaparición de los normalistas ocurrida la noche
del 26 de septiembre de 2014.
Aquella tragedia permitió construir una narrativa simple y eficaz: el Estado había
desaparecido a 43 estudiantes y el Ejército había sido cómplice, cuando no
directamente responsable. “Fue el Estado”, repetían a voz en cuello en marchas,
mítines y concentraciones.
López Obrador hizo suyo ese discurso desde la oposición. Morena acompañó
todas las movilizaciones. Sus dirigentes prometieron llegar hasta las últimas
consecuencias. Se comprometieron a llegar a la verdad, castigar a todos los
responsables y romper el muro de protección que, afirmaban, el gobierno priista
había levantado alrededor de los militares. Hoy, ocho años después de llegar al
poder, el mismo movimiento político que utilizó Ayotzinapa como bandera, parece
decidido a enterrarlo.
La recomendación 208VG/2026, emitida hace unos días por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, constituye quizá la prueba más evidente de esa
renuncia. Lejos de fortalecer las investigaciones o profundizar las
responsabilidades institucionales, el organismo encabezado por Rosario Piedra
Ibarra concluyó que no existen elementos suficientes para acreditar la
participación del Ejército en desapariciones forzadas relacionadas con el caso.
Exactamente todo lo contrario de lo que pregonó el movimiento obradorista desde
hace casi 12 años.
Organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de los
derechos humanos cuestionaron con dureza el documento. El Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que durante años ha
acompañado a las familias de los estudiantes, advirtió que la recomendación
contradice pruebas documentadas dentro de las propias investigaciones oficiales y
omite información fundamental sobre la actuación militar. Amnistía Internacional
sostiene que dicha resolución debilita los estándares de protección de los
derechos humanos y envía un mensaje alarmante sobre el compromiso
institucional con la verdad y la justicia en uno de los casos más graves y
emblemáticos de desaparición forzada en México.
Desde aquella época, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI), cuya labor fue decisiva para desmontar la llamada «verdad histórica» del
gobierno de Peña Nieto, había documentado ampliamente la vigilancia
permanente que el Ejército ejerció sobre los estudiantes durante aquella noche y
la abundante información que las Fuerzas Armadas ocultaron durante años.
Incluso la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos y diversas organizaciones internacionales han insistido
reiteradamente en la necesidad de mantener abiertas todas las líneas de
investigación, incluyendo las relacionadas con personal militar.
Sin embargo, la CNDH decidió recorrer el camino contrario. No solo prácticamente
exculpó al Ejército, sino que desacreditó buena parte del trabajo realizado durante
años por especialistas independientes que fueron, precisamente, quienes
permitieron desmontar las versiones oficiales del último sexenio priista.
Aquello que durante años fue presentado como una conspiración del “viejo
régimen” para proteger a los militares, termina ahora siendo reproducido desde un
gobierno supuestamente “progresista” y “humanista”. Aunque si algo caracterizó al
sexenio de López Obrador fue la militarización acelerada del Estado mexicano.
Nunca antes las Fuerzas Armadas habían acumulado tanto poder político y
económico.
La CNDH es una institución que perdió prácticamente toda independencia desde
que fue capturada por Morena vía una militante fanatizada y vulgar como Rosario
Piedra, que ni siquiera intenta ocultar el sesgo de sus recomendaciones y
posicionamientos. Desde su primera designación, estuvo marcada por fuertes
cuestionamientos en el Senado, donde incluso se denunció una votación
fraudulenta. Su permanencia y posterior ratificación respondieron exclusivamente
a la voluntad política de López Obrador y no a una evaluación objetiva de
resultados. Y así, dejó de ser un contrapeso institucional para convertirse en un
órgano de servil acompañamiento del poder.
Lo verdaderamente grave es que esta decisión trasciende el caso Ayotzinapa,
porque se trata del colapso de una de las pocas instituciones públicas diseñadas
para servir como garante de los derechos humanos frente al poder político, lo que
implica que las víctimas quedan indefensas ante cualquier abuso del Estado.
Este episodio representa, en los hechos, el certificado de defunción de uno de los
principales símbolos políticos del obradorismo. El mito fundacional que lo ayudó a
conquistar el poder y que ha dejado de ser útil una vez instaurado el régimen de la
supuesta “transformación”, que terminó pareciéndose demasiado, como copia al
carbón, al sistema que prometía destruir.
Email: aureliocontreras@gmail.com
X: @yeyocontreras
