En el recurso que Movimiento Ciudadano (MC) presentará este miércoles en la Comisión Permanente para proponer que el Senado declare la desaparición de poderes en Sinaloa, se cita el antecedente que en esa entidad ocurrió durante el gobierno de Lázaro Cárdenas.
Se expone en el documento una cronología de hechos que ameritan la investigación del gobernador con licencia, Rubén Rocha, en tanto revelan las graves faltas en que habría incurrido en la entidad.
La historia nos recuerda que, cuando un estado se convierte en un foco de desorden y vulnera los ideales nacionales y el Estado de Derecho, el poder federal debe intervenir para restaurar el orden constitucional y proteger los intereses de la república, sin importar los partidos políticos y los nombres de los actores.
A nadie le conviene, ni al Estado mexicano, ni a la presidenta Claudia Sheinbaum, ni al partido en el poder, ni a los habitantes de Sinaloa, ni a los de toda la república, que continúe la crisis de gobernabilidad en Sinaloa”, se expone en la propuesta.
Acusan régimen «monárquico» y personalista
Señala MC que, como ocurrió en el gobierno de Manuel Páez (1933-1936), en el Sinaloa de Rubén Rocha ha operado “un régimen monárquico personal, una autocracia que usó la justicia como un instrumento de despojo y venganza”.
Considera el diputado federal Gibrán Ramírez Reyes, promovente del punto de acuerdo, que lo anterior quedó de manifiesto con el conflicto con la Universidad Autónoma de Sinaloa y “el vil montaje del asesinato del exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda”.
Atribuyen a Rocha Moya el haber protagonizado un régimen “monárquico personal” en el que se ha minimizado la violencia y el descontento ciudadano de manera insensible.
Se recupera en la propuesta que la historia de Sinaloa brinda lecciones valiosas para comprender los desafíos políticos y sociales del presente, pues con el gobierno de Manuel Páez (1933-1936), “el estado vivió una etapa de desestabilización que afectó gravemente a su población y que obstaculizó la consolidación de los ideales revolucionarios a nivel nacional”.
El paralelismo con el «Maximato» y la caída de Páez
Se detalla que Páez era amigo cercano de Plutarco Elías Calles y por lo tanto “se percibía como intocable, lo que lo llevó a descuidar sus responsabilidades como gobernador, usar el poder arbitrariamente”.
Describen que hace 90 años, en esa administración, que terminó en una crisis de gobernabilidad, “al igual que ahora, el estado fue escenario de una violencia extendida que exacerbó las tensiones sociales y políticas. Páez no pudo satisfacer las demandas de la población e implementó una política de represión”, alcanzando a grupos vinculados al cardenismo, como los liderados por el diputado Rodolfo Tostado Loaiza, quienes demandaban la reducción de rentas urbanas, la regularización de terrenos y la mejora en el acceso a servicios básicos.
Se reseña en el documento del exhorto, a presentarse este miércoles, que el gobernador, que también fue profesor, y fuera descrito por el cónsul de Mazatlán, Frederick W. Hinke, como «incompetente y corrupto», representó un obstáculo para los esfuerzos del presidente Lázaro Cárdenas de transformar el país.
El mencionado cónsul Hinke, ante los problemas que provocaba el gobernador Páez, mencionó lo siguiente: ‘la ciudadanía sólo puede recurrir al partido político que lo llevó al poder para pedir su intervención’. Y eso fue lo que pasó: el Senado de la República actuó en consecuencia con lo que necesitaba la ciudadanía de Sinaloa en ese entonces. El 16 de diciembre de 1935, se votó un dictamen con el que se declaró la desaparición de poderes en Sinaloa”.
Restauración del orden constitucional
Se narra en el documento legislativo que aquel dictamen explicaba que el gobernador Páez convirtió las estructuras gubernamentales en instrumentos al servicio de una oligarquía financiera y de intereses particulares.
“Se enfatizó en la necesidad urgente de restaurar el orden constitucional en Sinaloa, y se propuso declarar la desaparición de los poderes estatales, el nombramiento de un gobernador provisional y la intervención de las instituciones federales para devolver el control del estado a un gobierno verdaderamente representativo de los intereses del pueblo.
“Hoy, la administración de Rubén Rocha Moya muestra paralelismos inquietantes con ese episodio histórico. Las decisiones de su gobierno han generado inestabilidad política y social (…) Las acusaciones de vínculos entre miembros de su gobierno y el narcotráfico, así como la supuesta participación en la extradición irregular de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, han provocado un conflicto diplomático que afecta la dignidad y soberanía del Estado mexicano”, se argumenta en el texto.
Excélsior
