La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González, aseguró que para los siguientes años se espera llevar a cabo una serie de proyectos en el sector de hidrocarburos y electricidad que requerirán inversiones por más de 250 mil millones de dólares. Sin embargo, aseguró que para lograr estas metas es necesario concretar alianzas con el sector privado nacional y extranjero.
En este sentido, la funcionaria dijo que es “completamente falso” que las nuevas leyes secundarias, que se derivan de la reciente reforma energética, contemplen la expropiación de plantas de energía o cualquier activo que sea actualmente propiedad de los permisionarios.
Durante su intervención en el VI Foro México-Unión Europea, dijo que México busca consolidar un nuevo modelo energético equilibrado que combine responsabilidad ambiental, solidez económica y justicia social, pero sobre todo que permita abrir amplias oportunidades de cooperación entre las empresas e inversionistas europeos.
Con estos planes estratégicos de las dos empresas públicas, se involucra una cartera de inversiones de cerca de 250 mil millones de dólares”.
Insistió en que, con el objetivo de generar las condiciones, para que desde el sector energético se dé viabilidad al Plan México y al Plan de Desarrollo del país, se busca impulsar una planeación estratégica de largo plazo que recae en el Estado, pero que es vinculante.
Como parte de estas acciones, dijo que en estos días se publicará lo que falta de reglas secundarias para el sector eléctrico, así como la primera convocatoria nacional para los proyectos de generación eléctrica, un plan que contempla inversiones públicas de 30 mil millones de dólares y siete mil millones de dólares por parte de privados.
No hay expropiación
Al término de su participación, la titular de Sener negó categóricamente la posibilidad de expropiaciones, y dijo que “no es cuestión de interpretación, es totalmente falso”.
Más tarde, en una ficha informativa, el organismo dijo que la figura de “Ocupación Temporal” contenida en la ley es una medida excepcional que existía desde la legislación de 2014, “por lo que no es una nueva figura y no implica una expropiación”.
Esta figura se mantiene y tiene como propósito que, en caso de guerra, desastre natural o alguna situación que altere el funcionamiento de los servicios y de la seguridad nacional, en la que el permisionario no pueda ejecutar por sí mismo las actividades del permiso respectivo, se dará la ocupación temporal para garantizar la seguridad de la Nación, las personas usuarias finales y los consumidores. No implica pérdida de la propiedad ni transferencia definitiva de activos al Estado, por lo que no constituye una expropiación”.
