Familiares del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo B. Z., demandaron la protección de la justicia federal en contra de cualquier orden de comparecencia y de aprehensión que emitan en su contra jueces de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial del estado de Veracruz con sede en la congregación de Pacho Viejo como consecuencia de la investigación que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició por el aseguramiento de los ranchos “La Cartuja”, “El Aguacate” y “El Salto”, ubicados en el municipio de Naolinco y presuntamente de su propiedad.
María Guadalupe Zurita García, mamá de Arturo B. Z., y otros de sus familiares presentaron una demanda de amparo ante el Juez Decimoséptimo de Distrito para reclamar que el Fiscal Segundo adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del Estado con sede en la ciudad de Xalapa no les permitía el acceso a una carpeta de investigación.
En la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número de expediente 289/2018, María Guadalupe Zurita García y sus familiares argumentaron que se violaron sus derechos que establecen los artículos 20 constitucional y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales porque la FGE no los citó a declarar en la investigación que se inició en su contra.
Al rendir su informe previo al juez federal, el Fiscal Segundo adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales de la FGE confirmó que se inició una carpeta “en la que pudieran resultar investigados”.
Además, el Fiscal Segundo adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales de la FGE justificó que no se citó a comparecer a María Guadalupe Zurita García y sus familiares ni se permitió la consulta de la carpeta “a fin de no quebrantar la reserva de los actos investigados”.
En consecuencia, el Juez Decimoséptimo de Distrito concedió la suspensión definitiva a María Guadalupe Zurita García y sus familiares en el caso de que no se haya realizado la consignación penal correspondiente.
No conformes con la decisión del juez federal, los parientes del exsecretario de Seguridad Pública interpusieron otra demanda de amparo en contra de una orden de comparecencia o de aprehensión que emitan en su contra jueces de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial.
Esta demanda de amparo se presentó también en el Juzgado Decimoséptimo de Distrito, donde quedó registrada con el número de expediente 301/2018, en la cual se les concedió la suspensión provisional para que, en el caso de una orden de comparecencia, no se use la fuerza pública para ser presentados ante la autoridad respectiva ni se les prive de la libertad al momento de acudir ante la misma y, en el caso de una orden de aprehensión, las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan.
Sin embargo, el juez federal aclara que la suspensión provisional no surtirá efectos en contra de la orden de aprehensión en contra de los familiares del exsecretario de Seguridad Pública en el caso de que se trate de delitos de prisión preventiva oficiosa.
“Solo surtirá el efecto que al ser aprehendidos queden a disposición de este Juzgado de Distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar de su reclusión y a disposición del juez de la causa para la continuación del proceso que se les instruya.”
