Rúbrica
Veracruz, estado de indefensión
Por Aurelio Contreras Moreno
El caso de la detención de la jueza Angélica Sánchez Hernández es tan
escandaloso, que ha escalado hasta la misma Presidencia de la República ante la
ola de indignación que ha provocado en el ámbito jurídico del país por lo que, a
todas luces, es un brutal abuso de poder del gobierno de Cuitláhuac García
Jiménez.
Claro. Con el pequeño detalle de que el presidente Andrés Manuel López Obrador
salió por enésima ocasión en defensa de las arbitrariedades que comente su
“bendición” sin escrúpulo alguno y que, alineado con su propia estrategia a nivel
federal, tiene como objetivo desbaratar la independencia judicial para someter a
jueces, magistrados y ministros, como muy claramente sucede en la entidad que
García Jiménez malgobierna.
En dos ocasiones, la jueza Angélica Sánchez ha sido detenida de manera
irregular, por no decir que francamente ilegal. La primera, tras acatar el amparo
concedido a un presunto criminal –que obtuvo ese beneficio de la justicia federal
gracias al pésimo trabajo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz en la
integración de la carpeta de investigación-, y durante la cual fue evidente que se
trataba de una revancha, pues no tenían ni siquiera un caso firme en su contra.
Por ello, los policías estatales le intentaron inventar delitos disparatados y hasta
sembrar droga.
En la segunda, fue detenida bajo argumentos absurdos, por delitos que ni siquiera
ameritan prisión preventiva y por una autoridad que no tenía vela en el entierro,
como la Guardia Nacional, que en lugar de perseguir criminales verdaderamente
peligrosos –pretexto con el cual fue creada y militarizada-, se ensaña con una
mujer que ya es casi adulta mayor.
El mensaje del “escarmiento” a la jueza Sánchez Hernández está dirigido a todos
los impartidores de justicia: cuidadito y se creen eso de que “la ley es la ley” y que
existe la independencia judicial. Y en Veracruz, literalmente, así se los mandaron a
decir.
Un día después de la detención de Angélica Sánchez, al menos 124 jueces de
control de los 21 distritos judiciales del estado de Veracruz fueron citados a una
reunión en una finca de Coatepec –propiedad de José Alberto Pérez Fuentes, ex
candidato del obradorista PES a la alcaldía de Xalapa-, con la presidenta del
Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.
La misma que le reclamó a la jueza adscrita a Cosamaloapan que no le hubiese
consultado si podía acatar el amparo que provocó este maremágnum.
Asistentes a la reunión aseguran que recibieron un mensaje amenazante de parte
del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien de acuerdo con esto les habría
dicho que lo que le pasó a Angélica Sánchez les podría suceder a ellos también, y
que en adelante primero debían consultar con la presidenta del TSJE si podían
acatar los amparos otorgados por la justicia federal.
Lo que esto representa, sin ambages, es el quebranto total del Estado de
Derecho. Si un juez tiene que pedir permiso para hacer su trabajo, no hay
impartición de justicia que valga. Y si encima se desacatan flagrantemente las
decisiones del Poder Judicial federal, estamos ante un escenario de franco,
primitivo y bananero autoritarismo que afecta a todos los ciudadanos, pues
quedamos en estado de indefensión ante cualquier abuso que le dé la gana
cometer a las autoridades.
No habrá más ley que la suya. La que les brote de los intestinos.
Solidaridad con Claudia
Sin cortapisas ni mezquindades, mi solidaridad con la compañera Claudia
Guerrero, quien sufre directamente los embates revanchistas de Cuitláhuac García
y su fiscal Verónica Hernández Giadáns.
Como se mencionó en este mismo espacio en la entrega del lunes, si se deja
pasar un ataque a un periodista desde el poder, los siguientes seremos todos los
demás. No hay que olvidar el sexenio de Javier Duarte. Fuera los autoritarios.
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