Rúbrica
Vandalización y radicalización
Por Aurelio Contreras Moreno
Las últimas semanas de 2022 y las primeras de 2023 han mostrado un acelerado
proceso de radicalización del régimen de la autoproclamada “cuarta
transformación” que se irá agudizando conforme se acerque el fin del sexenio.
El conocido desprecio del lopezobradorismo por la ley cuando ésta se interpone
en sus planes quedó completamente de manifiesto con el episodio de la reforma
electoral y el “plan B”, que exhibió plenamente su carácter autoritario y
antidemocrático en su afán por doblegar y reducir a los órganos electorales para
controlarlos. Ese affaire aún no concluye y veremos más desfiguros en los meses
por venir.
Pero para desfiguros, ninguno como el que significó uno de los capítulos más
vergonzosos de la vida pública de México de los últimos años, que retrata a su vez
de cuerpo entero lo que representa la “4t”: el escándalo de la ministra plagiaria
que, aun cuando el ilícito está comprobado y así determinado, sigue en su cargo
como si nada.
Si bien es cierto que la exhibición del plagio de su tesis de licenciatura
–reconocido como tal por la propia UNAM- evitó que Yasmín Esquivel Mossa, alfil
descarada del presidente López Obrador, se apoderase de la presidencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el hecho de que no haya renunciado al
cargo ni que sus pares hayan iniciado un proceso legal en su contra para
separarla del mismo habla muy mal de la impartición de justicia en el país y es, a
su vez, otro reflejo del maltrecho y muy limitado Estado de Derecho que priva en
México, lo cual repercute ineludiblemente en todos los demás espacios sociales.
Sostener contra viento y marea a Esquivel Mossa en la Corte –gracias a que es la
esposa de un contratista cercanísimo a López Obrador, decir lo cual no es
violencia en su contra, sino aludir a un hecho concreto- da el mensaje de que todo,
por sucio e ilegal que sea, está permitido. Que en México todo se vale y que
mientras se cuente con el cobijo del poder, y más si es el presidencial, no hay ley
que valga ni delito e inmoralidad que importe.
Hablando de inmoralidades y de vulnerar el estado de Derecho, la ilegal campaña
adelantada de las “corcholatas” lopezobradoristas, pero en especial la de Claudia
Sheinbaum, llegó a niveles de escándalo este fin de año, con espectaculares con
su imagen y su nombre colocados por todo el país, y con la jefa de Gobierno de la
Ciudad de México de gira por el interior de la República todos los fines de semana,
gozando de una impunidad que, sin embargo, ha terminado por volverse en su
contra.
El nuevo accidente de este fin de semana en el Metro de la Ciudad de México,
mientras Sheinbaum se encontraba en Michoacán para hablar de sus “políticas
exitosas de gobierno”, le reventó como una bomba que deja expuesta la realidad
de una gobernante que ha abandonado su función, que está desesperada por
posicionarse ante un electorado que ahora la relaciona con cuatro accidentes
durante su gestión que han costado cerca de 30 vidas y que tienen un punto en
común: la negligencia, la incompetencia y la corrupción.
Como si fueran una pandilla, como verdaderos vándalos, en la “4t” han intentado
minimizar y protegerse entre todos de las consecuencias de estos horrores que,
en cualquier otro país con mínimos estándares democráticos y jurídicos, ya
habrían provocado la caída de más de dos. Pero que en el México de la supuesta
“transformación” solo replican la realidad interminable de la impunidad, el abuso
de poder y el quebranto de la legalidad.
Como en Veracruz, donde el gobernador Cuitláhuac García, uno de los principales
promotores y “defensores” de la campaña ilegal de Sheinbaum, o de los plagios de
Esquivel, desaparece tribunales para colocar incondicionales y pagar “favores”, y
es capaz de retar a la misma Corte secuestrando las instalaciones y desacatando
al Poder Judicial federal, al cual en Palacio Nacional no se han resignado a dejar
de someter.
La empresa Integralia Consultores elaboró un estudio sobre los riesgos políticos
para México en 2023, en el cual concluyeron que la mayoría de dichos riesgos se
relacionan con “la creciente radicalización del presidente López Obrador, cuyos
principales objetivos son asegurar el triunfo de su partido en 2024 y, con ello,
garantizar la continuidad de su proyecto político”.
Señalan que para alcanzar estos propósitos, el oficialismo “pondrá en marcha
acciones para debilitar a los contrapesos del Ejecutivo, a las autoridades
electorales y a las oposiciones, al tiempo de exacerbar la polarización e
intensificar las movilizaciones sociales con fines político-electorales. En
consecuencia, será un año de riesgo político alto”.
Integralia considera que al inicio del quinto año del sexenio, “han aumentado los
niveles de riesgo de concentración de poder, incertidumbre jurídica, ineficacia
gubernamental y deterioro económico, mientras que los de conflictividad social e
inseguridad pública se han mantenido constantes”. Solo hay que ver la situación
en Sinaloa, Guanajuato, Chihuahua o Veracruz para constatarlo.
Y aunque pareciera que hasta ahora no hay manera de que Morena pierda la
Presidencia de la República en 2024 ante una oposición enana y sin figuras de
peso, las pugnas internas también influirán decididamente en la radicalización del
régimen y en su propia inestabilidad.
Entre vándalos radicales y criminales irredentos navega el país.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
