Rúbrica
Una cloaca, el Poder Judicial en Veracruz
Por Aurelio Contreras Moreno
Para nadie es un secreto que el Poder Judicial del Estado de Veracruz está
envuelto en una serie de escándalos por el brutal desaseo con el que ha sido
manejado desde que arribó la “4t” al gobierno del estado.
Y no es que antes del actual régimen el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz
(TSJEV) se hubiera conducido con pulcritud. Todo lo contrario y sobran pruebas
de ello. Sin embargo y muy al estilo de eso que se hace llamar la “cuarta
transformación”, el hambre de poder y dinero de quienes se vieron de pronto “en la
plenitud del pinche poder” como jamás en sus vidas imaginaron, les ha llevado a
rebasar todo límite, no solo legal, sino el del mínimo cuidado de las formas.
Como pandilleros, desde el Ejecutivo y el Legislativo orquestaron el “abordaje” del
TSJEV imponiendo en su presidencia a incondicionales. Solo que la primera, Sofía
Martínez, al darse cuenta que lo que le pedían le implicaría responsabilidades
legales posteriores, se negó a autorizar los “negocitos” de los que se ufanan de no
ser “iguales”, lo que le valió ser defenestrada y perseguida por el régimen de
Cuitláhuac García y sus testaferros, al tal grado que murió autoexiliada de
Veracruz.
Su sustituta, Isabel Inés Romero Cruz, entendió perfectamente para que la
pusieron en el cargo: para cerrar los ojos y hacer lo que le indicaran. Solo que ha
llevado la sumisión a niveles grotescos, sirviendo incluso como “porrista” de
Morena mientras hace jirones la investidura y pisotea la división de poderes.
Desde dos dependencias del Ejecutivo estatal se ejerce el control sobre el TSJEV:
las secretarías de Gobierno y de Finanzas y Planeación. La primera “aprieta” a los
magistrados y opera el sometimiento del Poder Judicial, por la buena o por la
mala, como lo denunció la misma Sofía Martínez antes de morir. La segunda tiene
en la directora general de Administración, Joana Marlen Bautista Flores, a su
operadora financiera, quien a decir de la magistrada Concepción Flores Saviaga
es la responsable del desfalco al Poder Judicial que lo dejó sin presupuesto a la
mitad del año pasado.
En la emisión de La Clave de esta semana –programa de análisis por internet que
un servidor co-conduce con la periodista Mónica Camarena-, Flores Saviaga
reiteró la denuncia pública que había hecho con antelación sobre un atraco por
900 millones de pesos en el TSJEV. Pero fue más allá.
Afirmó que ese dinero fue a parar a las elecciones del año pasado, para lo cual
que se tomaron recursos de los fondos de retiro de los trabajadores del Poder
Judicial y, en un extremo aberrante, hasta de lo que se deposita en los juzgados
como pago de las pensiones alimenticias de menores de edad. De lo cual también
responsabilizó a la directora general de Administración, con la anuencia de la
presidenta.
No hay que olvidar que Bautista Flores fue enviada desde la Secretaría de
Finanzas por el poderoso subsecretario Eleazar Guerrero Pérez –primo hermano
del gobernador Cuitláhuac García Jiménez-, con quien además dirige la
asociación “Unidos Todos”, membrete aparecido en este sexenio y a través del
cual se desvían recursos públicos a temas políticos, como quedó claro con el
millonario derroche en la ilegal campaña de promoción de la fracasada consulta de
revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La manera en la que el régimen ha ido acallando las voces críticas en el TSJEV ha
sido a través de la prebenda, la amenaza directa o de plano la jubilación forzosa
que le han aplicado a varios magistrados –incluida la propia Concepción Flores
Saviaga, a quien le “regalaron” de cumpleaños un oficio exigiéndole desalojar sus
oficinas-, violentando en varios casos un principio básico del derecho, que
establece que ninguna ley se puede aplicar de manera retroactiva en perjuicio de
las personas.
Así la cloaca en el Poder Judicial de Veracruz. En todo el gobierno, en realidad.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
