Los prejuicios, rencores y sobreideologización que caracterizan a varios de los
más altos funcionarios de la “cuarta transformación” –y a muchos de sus
“achichincles”- va de la mano de una enorme doble moral y una preocupante
tendencia a los linchamientos mediáticos.
Envuelto en la bandera del “combate a la corrupción”, el lopezobradorismo
gobierna para sus audiencias cautivas y cada día, durante las “homilías”
matinales, lanza “autos de fe” que apenas disfrazan sus propensiones autoritarias
y regresivas, al tiempo que se rasga las vestiduras hablando de una supuesta
“moral” que no lleva a la práctica y acusa ataques del “conservadurismo” cuando
es exhibido en sus inconsistencias.
La publicación de la situación patrimonial de todos los integrantes del gabinete de
Andrés Manuel López Obrador ha puesto en jaque el “principio” de “austeridad
republicana” que representa uno de los pilares de esa corriente. No solo porque
resulta que a algunos les aparecieron propiedades de lo más “fifí” –como a la
secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, o al de Comunicaciones y
Transportes Javier Jiménez Espriú-, sino porque las intentaron ocultar con el viejo
pretexto de que “el departamento en Houston no es mío, sino de mis familiares”.
Lo mismo decía el ex gobernador veracruzano Javier Duarte de todas las
propiedades que ahora busca recuperar.
Para el gobierno de la “cuarta”, resulta que el personaje “ideal” para denunciar
supuestos actos de corrupción de administraciones pasadas –mismos que, dicho
por ellos mismos, ni siquiera piensan perseguir judicialmente- es el impresentable
Manuel Bartlett Díaz, perpetrador del fraude electoral de 1988, represor confeso
de opositores durante su periodo como gobernador de Puebla e implicado en el
asesinato del periodista Manuel Buendía siendo secretario de Gobernación, entre
otras “hazañas” de este “prócer” al que el lopezobradorismo ensalza como
“compañero de lucha”.
Lo que sucede en el ámbito educativo es de no dar crédito. Mientras se le da por
su lado a la CNTE para que haga desmanes en estados gobernados por partidos
diferentes a Morena y abandonan a sus estudiantes, el secretario de Educación, el
zedillista Esteban Moctezuma Barragán, da paso libre a la trampa académica
invitando a copiar en los exámenes, jura que ahora podrá enseñarse inglés aún
sin conocer el idioma y, obligado por las circunstancias, tiene que reconocer que
mintió al ostentarse como licenciado en Derecho, pues todavía “debe” algunas
materias.
El Conacyt es una institución que a pasos agigantados avanza, pero hacia su
autodestrucción. Su directora, María Elena Álvarez-Buylla, nombra personas sin
perfil –una socióloga en la Dirección de Investigación Científica, un “fósil” con
carrera a medias en la Subdirección de Comunicación y una ¡diseñadora de
modas! en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad
de los Organismos Genéticamente Modificados- pero con “palancas” partidistas, al
tiempo que critica que los estudiantes vayan al extranjero a hacer posgrados y
“ahorca” organismos como la Academia Mexicana de Ciencias, que ha tenido que
suspender todas sus actividades por falta de presupuesto.
Como “no son corruptos”, se permiten “licencias” como la de impulsar
incondicionales a los órganos de procuración e impartición de justicia, o la de
hacer compras y adjudicación de contratos millonarios sin licitación de por medio,
ignorando las elementales prácticas de rendición de cuentas y transparencia.
Y como a pesar de todo lo anterior –y de todo lo que se quedó sin mencionar- los
índices de popularidad del Presidente se mantienen por las nubes, creen que
pueden hacer lo que les venga en gana -incluyendo apalear desde el gobierno a la
crítica-, pues para eso repartirán dinero a manos llenas a través de sus múltiples
programas asistencialistas, que no resuelven ni una sola carencia social, pero son
muy efectivos para construir clientelas electorales. Si lo sabrán en el PRI.
Es una burbuja que se sigue inflando. ¿Hasta cuándo aguantará sin reventar y,
con ella, el país entero?
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