“La política de nuestro señor presidente es convertir a México es un país de
soplones”, reza una de las frases del guion de la película “El infierno” del director
Luis Estrada, en la que el personaje del capitán Ramírez (encarnado por el actor
Daniel Giménez Cacho) alude a quien era el titular del Ejecutivo federal en ese
entonces (2010), el panista Felipe Calderón Hinojosa, cuya fotografía oficial
aparecía como parte de la escena.
Eran los tiempos de la “guerra contra el narcotráfico” que lanzó aquel presidente y
que dejó más de cien mil muertos, al ejército en las calles y una espiral de
violencia que no ha sido detenida hasta nuestros días.
No deja de ser irónico que casi una década después, el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, el principal adversario político de Calderón, no solo haya
mantenido a las fuerzas armadas a cargo de las tareas de seguridad pública, sino
que haya militarizado por completo esa labor con la creación de la Guardia
Nacional. Y en el colmo del sarcasmo, que de verdad ahora busquen convertir a
México en un país de soplones.
Este jueves, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval (la misma
que hace unas semanas promovía su imagen personal en las cuentas públicas de
la dependencia federal, violando la ley) presentó la plataforma denominada
“Ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción”, mecanismo a
través del cual se busca “alertar actos graves de corrupción, en los que se
encuentren involucradas personas servidoras públicas federales”.
En la página web creada a imagen y semejanza de aquella otra plataforma con
fines similares –aunque no gubernamental- llamada “Méxicoleaks” –desde donde
incluso se acusó a la Secretaría de la Función Pública de plagio en el diseño y
hasta en el software utilizado-, se establece que podrán realizarse “alertas” que
van desde actos de cohecho, peculado, desvío de recursos públicos y abuso de
funciones, hasta violaciones a derechos humanos y hostigamiento y acoso sexual.
La SFP asegura que se puede confiar en la plataforma porque “garantiza en todo
momento el anonimato de las alertas, la confidencialidad de las comunicaciones y
la identidad del alertador”, aunque al mismo tiempo advierte de “no enviar la alerta
desde tu lugar de trabajo para que no pueda ser rastreada”.
Asimismo, plantea dos opciones para realizar la alerta de manera anónima:
“Básica: utilizando su navegador, pero sin facilitar los datos de identificación y de
contacto”; y “Avanzada: garantizando plenamente el anonimato de la
comunicación en el entorno digital utilizando una red de anonimización” (sic).
La herramienta recomendada para su uso es ni más ni menos que la red TOR,
tecnología usada en la llamada “darknet” o “deep web”, que no deja rastro y que
es usualmente utilizada por “hackers”, redes de pederastia y pornografía infantil,
narcotraficantes, grupos terroristas y todo aquel que busca esconder su actividad
en la web. En la página de la SFP se indica cómo descargar e instalar el
navegador Tor Browser desde: https://www.torproject.org/download/download-
easy.html.es .
El alcance de esta herramienta “comprende a cualquier persona que conozca de
un hecho grave de corrupción, violaciones a derechos humanos y acoso y
hostigamiento sexual, en el que estén involucradas personas servidoras públicas
federales”.
El principal problema de este programa es que no existe regulación alguna que le
dé sustento legal. Existe una iniciativa en la Cámara de Senadores que adolece de
serias deficiencias, mientras que el gobierno federal apenas trabaja en una
propuesta propia, a pesar de lo cual, la herramienta ya está disponible y en
funcionamiento.
Al no existir un mecanismo que establezca criterios para aceptar las filtraciones
–que eso es a lo que están apostando- se deja a decisión discrecional del
gobierno considerar como válidas o no las “pruebas” que sustenten lo que ahí se
denuncie. ¿Utilizarán acaso el mismo rasero del infame movimiento #MeToo, de
simplemente “creerle” a los denunciantes para linchar y procesar a los supuestos
corruptos, sin posibilidad de defensa?
No deja de percibirse el hedor de un tufo autoritario en la medida. Similar al del
macartismo estadounidense de los años 50 del siglo XX, cuando la población fue
azuzada a participar en una “cacería de brujas” de supuestos comunistas; o al del
estalinismo ruso de los 30 y 40, cuando los hijos que delataban a sus padres como
“traidores” eran, a su vez, considerados unos héroes por el Estado.
“La delación es, junto a la politización de la existencia, la piedra angular de todo
Estado totalitario; el nexo que establece una complicidad indeleble entre el
ciudadano y el poder. En adelante, al delator no le queda otro remedio que
fidelizar su lealtad al Estado”, se manifiesta en el artículo “Cuando Stalin consiguió
que los hijos delatasen a sus padres”, publicado en el portal español La Gaceta en
2015.
Vueltas que da la vida. Esa frase y la de “la política de nuestro señor presidente es
convertir a México es un país de soplones” nunca fueron tan acertadas como en
tiempos de la “cuarta transformación”.
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