Más allá de la inconstitucionalidad de la remoción “temporal” de Jorge Winckler
como fiscal general de Veracruz, otro hecho de suma gravedad para la
procuración de justicia en la entidad es el nombramiento de su “sucesora”,
Verónica Hernández Giadáns.
Como se señaló en la anterior entrega de esta columna, el artículo 498 del
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) establece
que en caso de que la titularidad de este organismo quede vacante por cualquier
circunstancia, quien tomará el lugar como encargado será uno de los servidores
públicos en el orden de prelación de su misma estructura, lo que en este caso le
correspondería al Visitador General.
Valga recordar que el 28 de noviembre de 2016, Jorge Winckler Ortiz asumió el
cargo de visitador general para dar paso a la renuncia del entonces titular de la
FGE, Luis Ángel Bravo Contreras -que ya sabía lo que venía tras la derrota
electoral del duartismo-, cuyo relevo tomó como encargado de despacho hasta
que fue ratificado como fiscal general por el Congreso del Estado –en ese
momento con mayoría de PAN y PRD- el 30 de diciembre de ese mismo año.
Así que lo que debió hacer el Congreso del Estado –además de cumplir con la
Constitución y en todo caso someter la separación de Winckler como fiscal a
votación del Pleno y no de la Diputación Permanente- era nombrar como sustituto
o sustituta a quien ocupase el cargo de visitador general de la FGE.
Pero como de lo que se trataba era de tomar por asalto el organismo, los
diputados se fueron de bruces y en lugar de hacer lo que ordena la ley, nombraron
como encargada a una empleada de segundo nivel de la Secretaría de Gobierno,
la directora jurídica Verónica Hernández Giadáns, lo que no solo reitera la
vulneración de la autonomía de la FGE, ya que eso representa una flagrante
intromisión del Poder Ejecutivo, sino que pone en un serio predicamento a la
procuración de justicia en Veracruz.
Al ser totalmente irregular el nombramiento de Hernández Giadáns, todos los
actos que lleve a cabo en la Fiscalía, como nombramientos, actuaciones
ministeriales, integración de carpetas de investigación, etc., podrían adolecer de
nulidad de pleno derecho, a grado tal que en litigios particulares, los querellantes
aprovechen esos resquicios para impugnar las actuaciones de la Fiscalía y dejar
sin efecto cualquiera de sus resoluciones.
Se trata de un asunto extremadamente delicado, porque significaría que los
ciudadanos veracruzanos nos encontraríamos en este momento en absoluta
indefensión jurídica, al no existir acreditación legal plena de la encargada de
conducir al organismo de investigar los delitos del fuero común en el estado,
poniendo en peligro el orden institucional mismo en la entidad.
A lo anterior todavía hay que agregar que el perfil profesional de Verónica
Hernández Giadáns es inadecuado para el cargo, pues de acuerdo con su
currículum, publicado en la página web de la Secretaría de Gobierno de Veracruz,
no solo no tiene experiencia en el ámbito de la procuración e impartición de justicia
–su trayectoria laboral transcurre entre la burocracia municipal y la actividad
notarial-, sino que ni siquiera cuenta con conocimientos en materia de derecho
penal; sus áreas de “expertise”, según su síntesis curricular, son el derecho
notarial, tributario, civil y administrativo.
¿Se imagina lo que pasará cuando se enfrente a los “tiburones” que defienden a
delincuentes como los que salieron de prisión a principios del sexenio de
Cuitláhuac García? ¿O como el que está a un paso de obtener su libertad en el
Reclusorio Norte? ¿O como los integrantes del crimen organizado?
Y falta verificar si, como se mencionó desde la tarde de este miércoles en redes
sociales, la encargada de la FGE tampoco cuenta con los controles de confianza
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, argumento con el cual los diputados
justificaron la remoción de Winckler.
Aceptar un cargo para el que no se tiene capacidad de suyo ya representa un acto
de corrupción. Hacerlo a sabiendas de que se pasa por encima de las leyes es de
un cinismo bárbaro. Poner en peligro con ello la seguridad y la garantía de acceso
a la justicia de los veracruzanos, con tal de sacar adelante un berrinche político, es
criminal.
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