Rúbrica
Secuestrado y sin margen de maniobra
Por Aurelio Contreras Moreno
El arranque de 2025 ha vuelto a poner al descubierto la naturaleza más autoritaria
del régimen, así como las redes de complicidades que lo han mantenido en el
poder a pesar de su manifiesta incapacidad y corrupción.
Mientras la mayoría de los mexicanos celebraba el fin de año, el morenato
asestaba un golpe con el que buscará mantener a raya a cualquiera que considere
una amenaza, un adversario o simplemente un crítico que se niegue a seguir la
línea oficial.
En su edición vespertina del 31 de diciembre, en el Diario Oficial de la Federación
fue publicada la reforma aprobada por la mayoría morenista en el Congreso de la
Unión al artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos
merecedores de prisión automática.
Entre éstos se incluye la “emisión de falsos comprobantes fiscales”, con lo que se
anuncia claramente que el rubro hacendario e impositivo se convertirá en un arma
de persecución del gobierno, algo sobre lo que diversos organismos de defensa
de derechos humanos y de la libertad de expresión han alertado como una
estrategia recurrente en gobiernos autoritarios para acallar las críticas y reprimir el
disenso, escondiendo su talante arbitrario en actos de supuesta legalidad.
Además, con esta reforma el gobierno de Claudia Sheinbaum entró en desacato a
la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace más de
un año ordenó la eliminación de la prisión preventiva oficiosa de la legislación
mexicana, pues en los hechos se le puede considerar como una detención
arbitraria, de acuerdo con la Oficina en México del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
“Detener de forma automática a las personas viola los derechos humanos,
además de que desincentiva las capacidades para investigar delitos e incumple
sentencias y recomendaciones internacionales. Hacer que la detención sea
automática y se mantenga durante todo el proceso anticipa indebidamente un
castigo y constituye una detención arbitraria que expone a todas las personas,
especialmente a las más pobres”, aseveró ONU-DH desde noviembre pasado.
Pero al gobierno “humanista” de Sheinbaum –mangoneado descaradamente por
Andrés Manuel López Obrador- le importó un bledo, porque lo que está buscando
es, contrario a la postura que enarbola en el discurso, mantener un férreo control
sobre las manifestaciones sociales, las críticas periodísticas y la oposición política.
Y cuando sea necesario, aplastarlas.
Baste ver la desproporcionada reacción del régimen ante el reportaje del diario
estadounidense The New York Times sobre un presunto laboratorio clandestino de
fabricación de pastillas de fentanilo en Sinaloa. Todo el aparato propagandístico y
político del gobierno se “envolvió en la bandera” para acusar “intervencionismo”
extranjero porque la pieza periodística simplemente muestra –y ni siquiera fue la
primera vez que eso aparece en un medio- lo que todo mundo sabe: que los
cárteles del crimen organizado producen esta letal droga dentro del territorio
nacional mexicano, desde donde se introduce al mercado en Estados Unidos, país
que sufre una verdadera crisis sanitaria por su alto consumo.
Tan grave es esa crisis, que se convirtió en una bandera de campaña de quien el
próximo 20 de enero retornará a la presidencia de los Estados Unidos, Donald
Trump, y que entre otras cosas, ha afirmado que declarará como organizaciones
terroristas a los cárteles mexicanos de la droga, lo que de acuerdo con su propia
legislación, le autofaculta para combatirlos fuera del territorio estadounidense.
Concretamente, en México.
La reacción de Sheinbaum ha sido, inopinadamente, en el mismo sentido: insuflar
el nacionalismo, hablar de la defensa de la soberanía y asumirse como “niña
héroe” frente a la amenaza trumpista, a sabiendas de que en realidad no hay
mucho que pueda hacer si ésta se hiciese realidad. Y cuando lo que habría que
hacer sería llamar a un combate coordinado entre ambas naciones contra los
grupos delincuenciales. Claro, si éstos no fueran sus socios.
Este fin de semana circuló de nueva cuenta –ya se había publicado hace una
semana- una carta que presuntamente envió el propio expresidente López
Obrador a los senadores de Morena, a través de su coordinador de bancada Adán
Augusto López Hernández, en la que, entre otras cosas, se plantea que “distintos
grupos, alentados por la narrativa de la oposición, podrían realizar movimientos
sociales que recriminen la existencia de elementos militares extranjeros dentro del
territorio; pudiendo suscitarse revueltas o levantamientos en armas en ciertos
territorios” (sic).
La veracidad del documento no fue desmentida por nadie y exhibe el nivel de
preocupación y sobre todo la complicidad existente entre el régimen obradorista
–porque Sheinbaum a duras penas toma decisiones menores- y la delincuencia
organizada, convertida en ariete para influir en las elecciones en favor del partido
oficial, y que ve como una amenaza real la posibilidad de un operativo militar
estadounidense en México para descabezar a los cárteles.
Todo eso ha ocurrido en menos de dos semanas y es así como llega a sus
primeros cien días el gobierno de Claudia Sheinbaum: sin margen de maniobra,
secuestrado por un expresidente megalómano e irresponsable que se niega a
dejar de dar órdenes porque él sigue detentando el poder, y en un escenario de
alto riesgo por lo que implicará el nuevo mandato de Donald Trump, quien también
es capaz de cualquier cosa para mantener la aprobación de su base más dura de
seguidores.
Y esto apenas comienza.
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