Rúbrica… Prisión preventiva: arma para reprimir, Por Aurelio Contreras Moreno

Rúbrica
Prisión preventiva: arma para reprimir
Por Aurelio Contreras Moreno

Además de sus ánimos autoritarios, si algo ha caracterizado al régimen de la
pretendida “cuarta transformación” es la extrema incompetencia de sus fiscalías
para armar y sostener casos, aunado a la consigna política cuando el asunto
transita por esas veredas.
Cada que se concede un amparo a un presunto criminal, los gobernantes
“cuatroté” braman contra el Poder Judicial y lo acusan de liberarlos a propósito
para “afectar” al gobierno.
Empero, lo que sucede en la mayoría de los casos es que las carpetas de
investigación están elaboradas “con las patas” por las fiscalías –federal o
estatales- o bien sin pruebas contundentes que las soporten, ya que fueron
realizadas por encargo y con motivaciones políticas, por lo que terminan
desmoronándose solas.
Durante todo el sexenio, han sobrado casos de uso político del aparato de
procuración de justicia como un arma para reprimir y encarcelar adversarios
políticos, críticos y hasta enemigos personales de la clase gobernante actual, para
lo cual se valen de una medida abusiva y que en todas partes es reconocida como
violatoria de derechos humanos: la prisión preventiva oficiosa.
En repetidas ocasiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) ha condenado el uso de esta medida cautelar en México porque vulnera el
derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la
privación de la libertad y a la presunción de inocencia.
Por esa razón, la CIDH conminó al Estado mexicano a modificar su legislación y
sustituir esta figura violatoria de derechos humanos por otras medidas cautelares
menos punitivas, como la prisión domiciliaria. Solo que hacer eso le arrebataría al
régimen su principal arma para reprimir “legalmente” y se niega a derogarla.
Particularmente en el estado de Veracruz, sobran los casos en los que la
aplicación de la prisión preventiva oficiosa ha sido el vehículo preferido para
someter y encarcelar a quienes el gobernador Cuitláhuac García considera
“enemigos” o aliados de los mismos, o que se han atrevido a “desobedecerlo”:
Rogelio Franco, José Manuel del Río Virgen, Tito Delfín Cano, Yolli García y otras
mil personas –literalmente- fueron y siguen siendo víctimas de los abusos
cometidos en su contra a través de la prisión preventiva oficiosa en este sexenio.
Y por eso el régimen la defiende ignominiosamente.
Este jueves, les volvieron a pasar a los gobernadores de Morena el “machote” que
firman para pronunciarse por cualquier cosa que les ordenan en Palacio Nacional.
Y esta vez fue, precisamente, contra la inaplicación de la prisión preventiva
oficiosa que estaría por decretar la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
derogación que fue impedida en tiempos de la presidencia del “ministro
mandadero” de la “4t”, Arturo Zaldívar.
En el pronunciamiento, que obviamente fue suscrito también por Cuitláhuac
García, los mandatarios -¿o serán también mandaderos?- aseguran que de

aprobarse su desaparición, ésta “impactará directamente en la seguridad pública y
gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas, de
cuyos gobiernos somos responsables; tema fundamental en la vida jurídico-
política de nuestro país y de protección a su soberanía constitucional”.
Palabrería. De lo que los despojarían sería de su arma para reprimir. Y de los
pretextos por su esperpéntica incompetencia.
La torre de los “moches”
Este mismo jueves fue inaugurada –aunque llevaba varios días en operación- la
llamada Torre “Orgullo Veracruzano”, a donde fueron llevadas oficinas del
gobierno estatal, en especial la sede de la Secretaría de Protección Civil.
Solo que la hicieron con tanta “austeridad”, que la aplicaron hasta en los
materiales utilizados en su construcción, que de acuerdo con la información
disponible, dejaría mucho que desear.
Esto, debido a que para recibir sus respectivos pagos, los encargados de la obra
habrían tenido que pagar “moches” de hasta el doble de lo “habitual”, lo cual a su
vez afectó directamente la selección de los materiales usados en la construcción.
Los señalamientos por esta práctica “que ya no pasa con la 4t” llegan hasta a una
ex funcionaria de la propia Secretaría de Protección Civil que, en realidad, sigue
teniendo todo el “power” en la dependencia.
Si quiere una pista, mientras estuvo directamente en Protección Civil trataba
miserablemente a los empleados y fue senadora –espuria- por un día para sacar
el malogrado “Plan B” del obradorato.
Ya hasta le aplicaron el mote de “Lady Moches”. ¡Ah, los que no son iguales!
Email: aureliocontreras@gmail.com
X: @yeyocontreras

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