Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometía la generación
de más de 20 mil empleos en la entidad durante su gira por Veracruz de este fin
de semana, en el estado continúa el despido masivo e indiscriminado de
trabajadores gubernamentales, tanto del ámbito federal como del estatal.
En apenas dos meses que lleva de gestión la administración que encabeza
Cuitláhuac García Jiménez, se han registrado -de acuerdo con información
obtenida vía solicitudes de acceso a la información por el periodista Edgar Ávila
Pérez- por los menos unos 600 despidos de personal solamente en las secretarías
de Finanzas y Planeación, de Gobierno, de Seguridad Pública y de Turismo y
Cultura.
En la Secretaría de Educación y en la Coordinación General de Comunicación
Social, refiere el periodista, se negaron a proporcionar la información sobre las
bajas en el personal en nómina en estos dos meses, bajo pretextos de
“depuración” de bases de datos y “problemas” técnicos. Pero el número debe ser
mucho mayor.
A base de excusas, el gobierno estatal morenista ha pretendido justificar los
despidos con “argumentos” tales como que se trataba de empleados “heredados”
por la administración de Miguel Ángel Yunes Linares. O bien que se trataba de
supuestos “aviadores”. Y si bien es cierto que en algunos casos sí es de esa
manera, también lo es que se ha afectado a trabajadores con muchos años
laborando de manera institucional para el gobierno, sin importar qué grupo o
partido político lo encabece. Y la manera como lo están operando es a través de la
coacción y las amenazas para evitar el pago de liquidaciones justas.
Eso mismo es lo que ocurre, por ejemplo, con las dependencias y delegaciones
del Gobierno Federal. En el Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua), a personal con más de 20 años de antigüedad en la
institución se le notificó de manera verbal que había concluido la relación laboral y
que debía firmar un documento en el que el empleado “manifiesta su voluntad de
dar por terminada la relación de trabajo” por “así convenir a sus intereses” y “con
carácter de irrevocable”.
Asimismo, en el documento que se pretende que firmen “voluntariamente” los
trabajadores, se establece que éstos acepten de parte de Conagua, “a su entera
satisfacción”, un ridículo finiquito de 47 mil 111 pesos, “reconociendo” que el
organismo “ha cumplido con todas las obligaciones que son a su cargo”.
Se trata de un “acuerdo” leonino, un convenio forzoso que a todas luces
contraviene los derechos de los trabajadores y los deja en la indefensión. Sobre
todo a los que tienen una mayor antigüedad y, por ende, mayor edad, con las
dificultades que eso representa para encontrar un nuevo empleo.
La estrategia emprendida por los gobiernos de la “cuarta transformación” para
abrirle espacios burocráticos a sus correligionarios es incluso violatoria de los
derechos humanos, y en ese mismo sentido se espera que comiencen a llover
demandas, amparos y, en su momento, laudos laborales por la manera burda
como están procediendo.
Sin hacer propiamente una reforma laboral, el nuevo régimen está destruyendo –y
lo peor, fuera de la legalidad- miles de puestos de trabajo que les permitían tener
una vida digna a igual número de familias. Y pretende sustituirlos con el reparto de
dádivas electoreras y la creación de empleos paupérrimos que perpetúen la
condición de necesidad y obliguen a recurrir a las migajas gubernamentales para
sobrevivir.
Lo más irónico es que muchos de los ahora afectados, votaron por los candidatos
de Morena. Especialmente, por López Obrador.
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