Rúbrica
Periodistas, hienas y zopilotes
Por Aurelio Contreras Moreno
Dentro del clima de crispación social con el que el régimen de la mal llamada
“cuarta transformación” busca debilitar y acallar cualquier crítica -por pequeña que
ésta sea- a sus desatinos, incongruencias y corruptelas, hay que apuntalar la
manera en la que los ataques del presidente López Obrador a la libertad de
expresión y de prensa se han vuelto cada vez más violentos, al menos
verbalmente. Lo que no quiere decir que no puedan ascender a la agresión física.
Como todos los políticos autoritarios, Andrés Manuel López Obrador es
absolutamente intolerante a la crítica. No la soporta bajo ninguna circunstancia.
Menos aun cuando quedan exhibidas las malas prácticas, simulaciones,
incongruencias, conflictos de interés y hasta corruptelas en las que los
protagonistas son sus allegados o, como ha sido una constante durante su
sexenio, sus familiares.
En lugar de aclarar y/o demostrar fehacientemente que los reportajes y opiniones
periodísticas críticas a su gobierno son erróneos, contienen equívocos o incluso
falsedades –con medios probatorios concretos-, el presidente ha decidido utilizar
un espacio público, como palacio nacional, y recursos públicos (personal humano,
equipo técnico, tiempos de transmisión en medios públicos) para despotricar,
insultar, amedrentar y amenazar, con todo el poder del Estado, a los periodistas
–rara vez a los dueños de los medios, por cierto- que publican los trabajos que lo
enfurecen.
Ésa ha sido una constante del sexenio, sin duda. Pero a últimas fechas y desde
que alguien tuvo la perversa idea de crear la infame sección “Quién es quién de
las mentiras de la semana” en las conferencias “mañaneras”, la violencia y las
agresiones verbales con cargo al erario contra periodistas –hasta varios afines al
régimen, para que no se les olvide quién manda y no se hagan los “imparciales”-
han escalado a niveles escandalosos e inadmisibles dentro de cualquier
normalidad democrática que, como queda claro, se está desbarrancando en
México.
Esto es particularmente grave en un contexto en el que los asesinatos de
periodistas están creciendo aceleradamente. Cinco, apenas en lo que va del año.
Más de 50 en el sexenio, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de
Gobernación. Una treintena, según Artículo 19 y otros organismos que “regatean”
la condición de periodista a su particular criterio y solo condenan las agresiones
cuando acaban en la muerte de un comunicador.
Resulta todavía peor cuando quienes alientan el linchamiento de sus pares son
otros periodistas que, convencidos del “manto protector” que les da el oficialismo,
creen que atacar y ridiculizar a sus compañeros de gremio –con los cuales se
puede o no coincidir- o simplemente negarse a ser solidarios y repudiar las
agresiones proferidas desde la Presidencia de la República –que no se encuadran
dentro de ningún parámetro del derecho de réplica, al no existir punto de
comparación entre el poder de unos y otros- les redituará bien, los mantendrá
dentro del círculo de los poderosos y no tendrá mayores consecuencias para ellos.
Habría que recordarles –y algunos lo saben bien, porque lo vivieron de cerca- que
lo mismo pensaban los “oficialistas” del sexenio de Javier Duarte: que como
estaban “cerca” del gobernador, eran “consentidos” en Comunicación Social y
evitaban sumarse a las condenas hacia crímenes como el de Regina Martínez y
varios más, estaban a salvo de la violencia y la muerte que azotó a los
comunicadores en Veracruz en esos años.
Hasta que también a ellos los alcanzó.
Imputaciones de mentiras
De no creerse la nueva excusa argüida por el gobernador Cuitláhuac García para
no derogar realmente el inconstitucional tipo penal de ultrajes a la autoridad: que
porque 40 “jefes de plaza” del crimen organizado en la entidad fueron
encarcelados imputados por ese delito, cuya supresión los pondría en libertad.
¿Qué no esos delincuentes tendrían que ser procesados por homicidio doloso,
tráfico de estupefacientes y de personas, secuestro y otros delitos asociados con
la delincuencia organizada? ¿Quiere decir que criminales sanguinarios y
peligrosísimos están en la cárcel bajo cargos endebles y muy lejanos a la
gravedad de sus actos?
Vaya manera del gobernador de reconocer que el trabajo de la Secretaría de
Seguridad Pública y el de la Fiscalía General del Estado son una porquería.
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