La desmedida corrupción de la vida pública en los últimos años en México fue sin
lugar a dudas el misil que torpedeó las bases del sistema y derrumbó al anterior
régimen, permitiendo el acceso al poder del actual grupo gobernante.
El lopezobradorismo ha hecho de la crítica a los corruptos no solamente una
bandera política, sino que a últimas fechas la ha convertido en un discurso que
raya en lo moralino-mesiánico (aunque detesten el término), y con el cual se
descalifica con singular facilidad a quien exprese disenso.
Sin embargo, a poco más de dos meses de haber iniciado el sexenio de Andrés
Manuel López Obrador, muchas de las prácticas de su gobierno están alejadas de
su discurso y son más bien cercanas a los comportamientos que siempre
criticaron -y de manera feroz- cuando estaban en campaña.
El tema de las compras millonarias de insumos y la adjudicación de contratos por
elevados montos por asignación directa, sin licitación de por medio, no habla de
un gobierno transparente ni preocupado por la rendición de cuentas. Todo lo
contrario.
La adquisición de 671 pipas a proveedores estadounidenses para transportar
combustibles es un ejemplo claro de prácticas rayanas con la corrupción. Bajo la
justificación de la emergencia en el abasto de carburantes –emergencia
ocasionada, valga decir, por la impericia del propio gobierno federal-, pagaron más
de 90 millones de pesos por los autotanques prácticamente sin avisarle a nadie,
obviando cualquier proceso de concurso público para realizar la compra. Y eso no
fue lo peor.
Resulta que las pipas adquiridas con toda celeridad y secrecía no cumplían con
las normas relativas a los pesos y dimensiones máximas con las que pueden
circular vehículos del autotransporte en México, ya que los modelos adquiridos
ocupan llantas unitarias o supersencillas, y la norma 012 en la materia establece
que los vehículos que transportan químicos, combustibles y materiales peligrosos
en general deben utilizar llantas dobles para prevenir accidentes.
Pero como para este gobierno si una ley le estorba simplemente la cambia o la
deroga, el 30 de enero pasado, ocho días después de la compra de las pipas, la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó un acuerdo en el Diario
Oficial de la Federación para modificar “la modalidad en el servicio de
autotransporte federal de carga de hidrocarburos aplicable para la empresa
productiva del Estado denominada Petróleos Mexicanos y sus empresas
productivas subsidiarias o filiales”, por medio del cual se establece que las
unidades con una capacidad de entre 41 mil y 43 mil litros puedan usar llantas
unitarias, siempre y cuando no excedan un peso de 4.5 toneladas.
Se trata de una modificación legal a toro pasado, hecha a modo de los intereses
del gobierno que, por si no fuera eso ya bastante, implica enormes riesgos a la de
por sí altamente peligrosa transportación por vía terrestre de combustibles que
forma parte de la “estrategia” gubernamental para “combatir” el “huachicoleo”.
Pero el presidente López Obrador jura que como él no es corrupto, nadie de los
integrantes su gobierno puede serlo, ya que todos están “obligados” a seguir su
“ejemplo”. Como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien
“olvidó” incluir en su declaración patrimonial la propiedad de un penthouse en una
torre departamental de Houston, Texas, con un valor de 11.1 millones de pesos.
Omisión de la que culpó a la Secretaría de la Función Pública, que debió subir a la
plataforma Declaranet la situación patrimonial de todos los funcionarios del
gobierno mexicano desde el pasado 30 de enero.
La honestidad no es cuestión de discursos, sino de hechos. Y los hechos hablan
por sí mismos. De los conflictos de intereses, luego hablamos.
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