Rúbrica
Laboratorio de la regresión
Por Aurelio Contreras Moreno
Veracruz, entre otros estados de la República, se ha convertido en un verdadero
laboratorio de la regresión democrática en curso en el país.
Al hostigamiento, amenazas, agresiones físicas y verbales, se ha sumado la
censura y acoso judicial que no solo limita la capacidad de informar de los
periodistas y hasta de expresar sus opiniones a la ciudadanía, sino que los expone
a riesgos irresponsables.
Como es sabido, la figura de violencia política en razón de género, en lugar de
usarse para proteger a las mujeres que participan en el espacio público, tal como
fue concebida, está siendo utilizada para inhibir el debate, castigar la opinión
crítica y blindar gestiones y comportamientos cuestionables. Esta distorsión legal
tiene un efecto intimidante, especialmente en medios que operan desde y para
comunidades históricamente marginadas.
En Veracruz, más de 50 medios de comunicación, incluidos varios comunitarios e
indígenas, así como periodistas en lo individual e incluso académicos, enfrentan
procesos judiciales por presunta violencia política en razón de género. ¿Su
“delito”? Referir un conocido caso en el que se sancionó a otros medios y
periodistas por informar, aunque suene insólito, con la verdad. Solo por mencionar
el tema. Un verdadero despropósito no solo de los actores políticos que
autoritariamente pretenden silenciar las críticas y hasta ganar en la mesa lo que
fueron incapaces de obtener en las urnas, sino de los tribunales que les han dado
la razón y con eso normalizan la censura como una práctica política y hasta de
Estado.
Este uso distorsionado de figuras jurídicas diseñadas para proteger derechos,
convertidas en su lugar en instrumentos de silenciamiento, las despoja de su
razón de ser como herramientas de justicia contra una arraigada violencia, con el
único fin de blindar a figuras de la arena pública de la crítica legítima, castigando
en su lugar el ejercicio periodístico, imponiendo censura previa, retiro de
contenidos y restricciones editoriales inaceptables en cualquier país que se precie
de llamarse una democracia. Para otra muestra, el caso de Campeche, donde los
excesos de una gobernadora enloquecida por el poder tienen a ese estado peor
que varias repúblicas bananeras.
Este fenómeno no es aislado, valga decir. Durante su 81ª Asamblea General
celebrada en República Dominicana este fin de semana, la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP) denunció que el acoso judicial se ha convertido en
una herramienta sistemática de censura en países como México, utilizada por
gobernantes y legisladores para castigar a periodistas incómodos.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum se ha pronunciado –de dientes para
afuera- contra la censura, la realidad que la SIP advierte es que su gobierno ha
reforzado los mecanismos de control sobre el acceso a la información y la
regulación de las telecomunicaciones con la desaparición de los órganos
autónomos y la concentración de sus funciones en dependencias del Ejecutivo,
mientras es totalmente omiso e incluso permisivo y justificador ante los ataques
que políticos del partido oficial o aliados del régimen lanzan cada vez más
sistemáticamente contra la libertad de expresión de manera descarada, violenta e
impune.
El caso de las denuncias contra medios y comunicadores en Veracruz sigue su
curso en tribunales, en espera de una resolución sensata que pondere, proteja y
privilegie la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho de la
ciudadanía a estar informada, porque además de todo, no se cometió violencia
política de género de ninguna manera. La acusación es absurda, infantil.
Pero nada de esto es casual. El régimen, como con muchos otros temas, estira la
cuerda para constatar hasta dónde aguanta sin romperse. Hasta dónde la
ciudadanía es capaz de entregarle una a una sus libertades a cambio de una
dádiva.
Hasta ahora, sigue ganando terreno la autocratización.
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