Contra las cifras alegres que todos los días maneja el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, en Veracruz el secretario de Finanzas y
Planeación, José Luis Lima Franco, tiene otros datos. Nada halagüeños, valga
decir.
Entrevistado por la periodista Claudia Montero para el portal informativo Al Calor
Político, el funcionario estatal admitió lo que en palacio nacional niegan con
vehemencia: que la economía del país –y por ende, la de Veracruz- pende de un
hilo.
Lima Franco refirió en la entrevista que el principal problema de las finanzas de la
entidad es la absoluta dependencia que se tiene de las participaciones federales,
pues de los 129 mil millones de pesos de su presupuesto anual, 120 mil
corresponden a esta fuente.
Y advirtió: “el problema es que si esa bolsa disminuye por una desaceleración de
la economía mexicana o estadounidense y que bajen nuestras exportaciones, (…)
sí nos pega”. Y a la pregunta de la periodista “¿eso pudiera ocurrir”?, el
funcionario reconoció: “sí. Eso pudiera pasar”.
No es que Lima Franco esté descubriendo el agua tibia. Esta misma semana, el
Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó su pronóstico de crecimiento para
México respecto de su previsión de abril, estimando que este año no se irá más
allá de un ínfimo 0.9 por ciento, lo que representaría, de ser acertado el cálculo,
que la actividad económica registre la menor expansión económica de la última
década. Anunció que provocó la ira del titular del Ejecutivo federal.
La base de esta estimación se encuentra en las Expectativas Económicas
Mundiales del FMI, en donde se menciona el impacto de “la incertidumbre en torno
a las políticas públicas y el futuro del comercio, el deterioro de la confianza y el
aumento de los costos del endeudamiento que podrían seguir creciendo tras la
reciente rebaja de la calificación soberana” para México.
Cobra mayor sentido que esta misma semana, el Gobierno de Veracruz haya
presentado apresuradamente ante el Congreso del Estado una iniciativa para
refinanciar o reestructurar la deuda pública estatal, que parece más un intento
desesperado por blindar las finanzas estatales ante las advertencias sobre una
probable tormenta financiera.
En el documento entregado por la administración estatal a la Legislatura local
están las claves que sustentan ese análisis: “habiéndose llevado a cabo una
revisión exhaustiva de la estructura de la Deuda Vigente de Largo Plazo del
Estado, se ha llegado al conocimiento de que, dada la situación actual del
mercado, es viable mejorar las condiciones crediticias, en términos de costo,
equilibrio del servicio de la deuda y un uso más racional de las fuentes de pago del
estado”.
Ello implica que como la situación actual no es la mejor, en el gobierno estatal se
vieron obligados a buscar mejorar las condiciones del pago de la deuda, como se
plantea en los propios objetivos de la reestructuración: “alcanzar una estructura de
deuda más flexible y eficiente; reducir el costo actual de la deuda pública; mejorar
las condiciones contractuales de los financiamientos; establecer un servicio de la
deuda mejor equilibrado que libere flujos de efectivo que permitan fortalecer las
inversiones prioritarias del estado”, según se establece en el documento que ya se
analiza en el Congreso local.
Asimismo, se plantea la “contratación de coberturas de tasas de interés conocidos
como CAP’s, instrumentos derivados de intercambio de tasas conocidos como
SWAP’s y cualquier otro tipo de instrumento de cobertura, hasta por el plazo que
se requiera conforme a los nuevos financiamientos, con instituciones del sistema
financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado”.
De acuerdo con la definición de ambos instrumentos financieros, los CAP’s son
“opciones de tipo de interés máximo para personas físicas y jurídicas que protegen
contra la subida de tipo de interés por encima de un tipo máximo fijado al inicio,
por un tiempo determinado, a cambio de una prima”.
Mientras que los SWAP’s representan una “permuta financiera de tipo de interés
para determinadas personas jurídicas”, cuya función es “cambiar un tipo de interés
variable por un tipo fijo. En cada periodo, si el tipo fijo es superior al tipo variable,
el cliente paga la diferencia. En caso contrario, es el banco el que la paga. En
caso de cancelación anticipada, el producto se cancelará a mercado y podrá
suponer liquidaciones negativas para el banco o para el cliente”.
O dicho en términos llanos, el gobierno busca contratar seguros contra las tasas
de interés, pues si se recortan las participaciones, como aceptó Lima Franco que
puede ocurrir, no va a ser posible pagarlas. En los hechos, se están adelantando a
una probable recesión.
Que por supuesto, nadie en la “4T” va a aceptar. Para eso, tienen otros datos.
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