En un afán desesperado por levantar su alicaída imagen, desde el gobierno de
Cuitláhuac García Jiménez han montado rocambolescas tramas pseudojurídicas
para intentar acreditarle responsabilidades a la administración yunista, mismas
que no aguantan un mínimo análisis y que pueden incluso compararse con las
mismas conductas que se criticaron el bienio anterior.
Por ejemplo, el pasado 16 de julio el secretario de Desarrollo Social del Gobierno
de Veracruz, Guillermo Fernández Sánchez, presentó una denuncia en la
Subdelegación de la Fiscalía General de la República en contra de “los
funcionarios de la administración pasada que resulten responsables” por
“irregularidades en la ejecución de los trabajos de un contrato de obra pública”
relativas a “la construcción de cuartos dormitorio para los municipios de Acayucan,
Chinameca, Jesús Carranza, Mecayapan, Oluta, Pajapan, Sayula de Alemán,
Soteapan y Zaragoza”, que se construirían con recursos del Fondo de
Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del ejercicio fiscal de 2018, por un
monto de 32 millones 427 mil 527 pesos.
Sin embargo, la denuncia carece de sustento por dos razones: la primera, que aun
cuando se invirtieron recursos federales, no le corresponde a la FGE conocer de
este asunto porque, tal como lo reportó el propio gobierno estatal, las obras
solamente están inconclusas y la responsabilidad recae en la empresa contratista,
que es a la que debería exigirse el cumplimiento de su obligación, siendo la vía
para ello la Fiscalía General del Estado.
La segunda razón es porque aun cuando pudiera acreditarse la competencia de la
Fiscalía General de la República, se trata de recursos que todavía están en
proceso de revisión y fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la
Federación, cuyos resultados serán presentados hasta el mes de febrero de 2020,
de acuerdo con los tiempos estipulados en la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, por lo cual aún no existe un dictamen al respecto.
Caso similar es el de las cuatro denuncias presentadas el pasado 4 de junio por el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), también ante la FGR, por
presunto daño patrimonial por poco más de 56 mil millones de pesos, relativo a la
contratación e instalación del Sistema Estatal de Videovigilancia que llevó a cabo
el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, así como por irregularidades en la
Cuenta Pública Consolidada de 2017 en las que se acusan “manipulación y
simulación de los registros contables”.
El análisis de estas denuncias arroja que no tendrán repercusión legal por varias
razones: en primer término, no se siguió el orden previsto en las leyes para su
presentación, que pasa primero por la Comisión de Vigilancia del Congreso del
Estado de Veracruz y que al momento de interponerse la querella no había
aprobado los repentinos “hallazgos” del Orfis, los cuales no “encontró” en su
momento.
Asimismo, al existir recursos federales en la contratación del Sistema de
Videovigilancia, corresponde a la Auditoría Superior de la Federación determinar
responsabilidades y presentar denuncias. Empero, este organismo no encontró
irregularidades importantes en el manejo de los recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas de 2017 que se
usaron para tal fin, como ya lo estableció en su informe de resultados para ese
periodo.
De igual manera, en el caso de lo señalado en la Cuenta Pública Consolidada de
2017, se observa que los asientos contables que se dice fueron simulados
corresponden al ejercicio fiscal y a la Cuenta Pública de 2016, y no fueron
observados en la auditoría que el propio Orfis practicó a la Secretaría de Finanzas,
que en ese entonces era manejada por duartistas. Misma situación en el caso de
los fideicomisos por los que se reclaman casi nueve mil millones de pesos.
Toda esta pirotecnia judicial tiene como objetivo fincarle responsabilidades al
anterior gobierno para probar que se combate la corrupción. Y de paso, buscar la
vía para cumplir con lo que se ha convertido en una obsesión para el actual
gobernador Cuitláhuac García: remover al fiscal yunista Jorge Winckler Ortiz.
Pero para ello están recurriendo a tinglados similares a los que montó en su
momento el yunismo para perseguir duartistas, más políticos que jurídicamente
fundados. Y ya sabemos cómo han acabado las querellas de la anterior
administración.
Ello no quiere decir que no se hayan cometido excesos e ilegalidades en el bienio
de Yunes Linares. Sin embargo, con argumentos legales tan endebles, lo único
que lograrán es que, al igual que los duartistas, nadie responda por lo mal hecho y
lo malhabido.
Es lo que pasa cuando se somete la justicia a la política. Lección que nadie parece
querer aprender.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
