La oleada mundial de protestas contra el racismo a raíz del asesinato de un
 hombre afroamericano a manos de un policía blanco en Estados Unidos encontró
 en los últimos días una inusitada réplica en México, donde los cuerpos de
 seguridad pública tampoco se caracterizan por el respeto a los derechos
 humanos.
 En el estado de Jalisco, un albañil de 30 años de edad de nombre Giovanni López
 fue detenido el pasado 4 de mayo por policías del municipio de Ixtlahuacán de los
 Membrillos. De acuerdo con la versión oficial, debido a un comportamiento
 violento. Pero según los testigos, por no usar cubrebocas en la vía pública, medida
 coercitiva decretada por el gobierno estatal que encabeza Enrique Alfaro, quien
 llegó al poder postulado por Movimiento Ciudadano.
 Al otro día de su detención, a la familia de Giovanni López le fue notificado que
 tenía que ir por él. Pero no a la estación policiaca, sino al Servicio Médico
 Forense, pues estaba muerto. Lo cual solo podía ser responsabilidad de los
 policías que lo arrestaron, hecho que provocó una fuerte y justificada indignación
 en aquel estado, de la que de inmediato se buscaron colgar varios actores
 políticos.
 Activistas de Morena y hasta funcionarios federales tomaron el asesinato de
 Giovanni López como bandera –y pretexto- para golpear al gobernador Alfaro,
 quien a su vez aprovechó la coyuntura para victimizarse y apuntalar sus
 aspiraciones de convertirse en la principal figura opositora a la “4t” y, en
 consecuencia, en candidato presidencial en 2024.
 La politiquería terminó opacando el fondo: un caso de brutalidad policiaca como
 los que suceden no solamente en Jalisco. En Veracruz se registró un hecho
 idéntico prácticamente al mismo tiempo, hace poco más de un mes.
 El viernes 1 de mayo, el serigrafista Carlos Andrés Navarro Landa salió de su
 domicilio en una colonia popular de la ciudad de Xalapa para aplicar unos vinilos y
 ya no regresó. Su familia comenzó su búsqueda al otro día y fue entonces que
 circuló en las redes el video de la transmisión en vivo que el hombre de 33 años
 de edad hizo del momento de su detención a manos de una docena de policías
 estatales –en la capital de Veracruz no hay policía municipal-, que lo sometieron
 con lujo de fuerza.
 Navarro Landa fue trasladado a los separos del cuartel de San José, en el centro
 de la capital veracruzana. Pero resulta que el domingo 3 de mayo las autoridades
 se comunicaron con su familia para que fueran a reconocer su cuerpo, pues había
 fallecido de un “paro cardiaco”.
 Sin embargo, en el acta de defunción de Navarro Landa aparece como causa de
 la muerte, junto a la de “infarto agudo al miocardio fulminante”, un “conjunto de
 traumatismos”. O sea, que los policías lo tundieron de tal manera que lo mataron a
 golpes, lo cual se podía apreciar directamente en el cadáver durante su funeral,
 pues aún amortajado eran visibles las huellas de la paliza.
A más de un mes de lo que fue un obvio homicidio cometido por los elementos de
Seguridad Pública del estado de Veracruz, no hay un solo detenido. La
dependencia lo único que hizo fue emitir un escueto comunicado en el que señaló
que “pone a disposición de la autoridad competente los reportes policiales e
informes correspondientes para la investigación y trámites de ley. Asimismo,
expresamos a la familia nuestro más sentido pésame y reiteramos nuestro apoyo y
colaboración para atender sus legítimos requerimientos”, sin dejar de insistir en
que la muerte de Carlos Navarro fue solo a causa de un infarto.
A diferencia de lo sucedido en Jalisco, en este caso nadie –más que la familia de
Carlos Andrés Navarro Landa- pide justicia. Aquí ninguno de los activistas que le
tiran a todas las manifestaciones ha convocado a marcha alguna para repudiar la
violencia de Estado contra un ciudadano. Por acá no se ha parado la comisionada
nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Candelaria
Ochoa, para solidarizarse con las víctimas, como sí lo hizo este fin de semana en
Guadalajara. Y este asesinato no le mereció un tuit a la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con el hashtag #JusticiaParaCarlos.
Y esto es así porque en Veracruz gobierna –es un decir- Morena. Tal parece que
la indignación y la justicia son selectivas en los tiempos de la “cuarta
transformación” y dependen del partido que gobierne.
Hipócritas.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras

 
			 
                            