El autoritarismo rampante que caracteriza al régimen de la mal llamada “cuarta
transformación”, a sus corifeos vociferantes y a sus textoservidores a sueldo, tanto
a nivel estatal como nacional, apunta sus armas contra la libertad de expresión
afectando incluso el derecho al trabajo y las garantías laborales.
Frente a casos muy mediatizados como el de la sentencia millonaria contra el
académico y periodista Sergio Aguayo –si bien no acreditable al actual gobierno
como tal, sospechosamente dictada en el momento del resurgimiento, con la venia
de la “4T”, de la influencia política de Elba Esther Gordillo, “madrina” del
demandante Humberto Moreira- aparecen muchos otros signos que cada vez
dejan menos dudas sobre la intención del lopezobradorismo de acallar a los
críticos de una u otra forma. Incluso, si sus críticas son vertidas en espacios
privados y/o personales.
Valga el ejemplo de los sucesivos despidos que se están llevando a cabo en los
medios públicos, que se han convertido en un botín para que los propagandistas
del régimen los vuelvan unos miserables pasquines difusores de adoctrinamiento
basura, disfrazado de información o entretenimiento.
Fue, por ejemplo, el caso del reconocido periodista Javier Solórzano, quien de
buenas a primeras fue informado de que Canal Once prescindiría de sus servicios
luego de seis años como conductor del noticiero nocturno de la emisora operada
por el Instituto Politécnico Nacional. La razón aducida por la dirección –a cargo de
un conocido mercenario de la política, el ex gobernador priista de Tlaxcala y hoy
senador con licencia de Morena, José Antonio Álvarez Lima- fue que las noticias
ahora serían presentadas por los propios reporteros, sin un presentador gancho.
Lo que más bien apesta a censura.
Los medios públicos en los estados no están exentos de estas prácticas. En
Radiotelevisión de Veracruz –dirigida por el ex reportero Víctor Hugo Cisneros,
sobrino del secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos- se registran
despidos desde el mes de diciembre que han afectado a personal que llevaba
incluso más de 10 años de laborar en la emisora, bajo el sobado pretexto de la
austeridad.
Sin embargo, es un hecho que se preparan nuevas contrataciones de personal
afín, personal y políticamente, a la directiva, mientras que a muchos de los
despedidos -en condiciones leoninas- se les puso en esa “lista negra” por no
coincidir con los prejuicios y candados ideológicos de la “4T”.
Asimismo, periodistas críticos que no aceptan “cochupos” del gobierno de
Cuitláhuac García Jiménez reciben presiones, vía la amenaza con despojar de sus
fuentes de trabajos a familiares que laboran en la administración estatal, para que
se “alineen” o se atengan a las consecuencias.
Huelga decir que esto sucede también estados como Puebla y otros donde los
gobiernos de Morena han implantado un terrorismo laboral sistemático, que llega
hasta la delación de las conversaciones informales y las opiniones expresadas en
el fuero personal. Cualquier crítica a la “cuarta transformación” es suficiente para
causar un cese fulminante.
Mientras eso sucede y desde sus redes sociales algunos “notables”
lopezobradoristas difaman impunemente a los ciudadanos que expresan
legítimamente su desacuerdo con el gobierno y sus decisiones; mientras un
alcalde de Morena en Sinaloa manda a asesinar a un reportero; desde el gobierno
de la República se jura que “son tiempos nuevos; no hay corrupción ni
autoritarismo; se respeta la libertad, la crítica y la diversidad de pensamiento”.
Igual decían los fascistas.
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